Ante la nula respuesta a sus denuncias por la destrucción de sus tierras comunales, cometida por el gobierno de Jalisco, en lo que acusan de omisión a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los huicholes de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán acudirán a instancias internacionales, dijo el presidente de la asociación civil Conservación Humana, Humberto Fernández Borja.

De visita en esta ciudad, el activista y asesor de la comunidad wixárika enclavada en Mezquitic, al norte del estado, ratificó una denuncia presentada desde abril, en que se señala a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco y las diversas constructoras contratadas para la carretera pavimentada Bolaños-Huejuquilla. El sello de recibido ante la Profepa marca el 20 de abril, pero ayer, en la delegación de la dependencia federal, nadie le supo dar razón de las actividades para indagar los hechos.

“No se han molestado siquiera en hacer una visita de inspección”, indicó Fernández Borja. “Trato de no perder mi capacidad de sorpresa”, pero consideró que son muchas ocasiones en que la delegación de la Profepa deja de cumplir su trabajo si se trata de afectar intereses gubernamentales.

La queja se interpuso ante el procurador federal Patricio Patrón Laviada y fue canalizada a la delegación Jalisco, que encabeza José de Jesús Becerra Soto. Los comuneros se quejan de que la carretera invade su territorio y no está autorizada por la asamblea.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó en agosto de 2009 el cambio de uso de suelo forestal para el tramo que va del kilómetro 28 al 61 “de la carretera ilegal en la Sierra de los Huicholes; tramo que por cierto, se encuentra justamente dentro de un área natural protegida federal y dentro de una región terrestre prioritaria, región hidrológica prioritaria y área de interés para la conservación de aves”, según los criterios de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)”.

Además “de que dicha autorización se otorgó indebidamente al gobierno de Jalisco, ésta incluía una serie de condicionantes, como la prohibición de hacer bancos de material, dañar la vegetación fuera del trazo autorizado, hacer brechas de acceso o bien establecer campamentos; en el mes de abril pudimos hacer un recorrido de campo y constatamos lo esperado: la Sedeur está violando la mayor parte de las condicionantes”.

A raíz de ello, se presentó una denuncia popular que se ha quedado en un cajón de la dependencia.

Por ello, con el apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), se está estudiando un formato de denuncia para acudir ante instancias internacionales y reclamar al gobierno mexicano el cumplimiento de diversos tratados internacionales donde acepta respetar la integridad de los pueblos aborígenes, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).