El asesinato del candidato de la alianza entre el PRI, el Partido Verde y el Panal al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, junto con seis de sus colaboradores, presumiblemente perpetrado por el crimen organizado, supone un serio desafío al Estado mexicano y a la supervivencia de las instituciones democráticas. Ello exige una respuesta responsable y con visión de Estado por parte del gobierno federal, que debiera ser secundada por todos los partidos y actores políticos, con el fin de hacer un frente común en defensa de la institucionalidad democrática y de la convivencia civilizada entre los mexicanos, ante la amenaza del narcoterrorismo.

Una de las circunstancias que pudieran impedir la formación de un consenso político para enfrentar al narcocrimen es la proximidad de las elecciones en 14 estados de la República. Hasta ahora, la guerra sucia electoral, convertida en competencia de cinismos, ha exhibido a una clase política mediocre, corrupta, con una desenfrenada ambición de poder, desdeñosa de la legalidad y totalmente ajena a los valores democráticos. Seguros de su impunidad, gobernadores, candidatos, líderes partidarios y autoridades electorales miden su eficacia en función del manejo de artimañas bien conocidas y probadas. A pesar de la gravedad de las circunstancias, es poco probable que dichas características de nuestra clase política cambien en un lapso breve, aunque existe un precedente: en una coyuntura aun más difícil, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, se pudieron realizar tanto la reforma política como las elecciones de ese año. Veremos si existe el liderazgo y la voluntad política necesarios para superar la visión de corto plazo y la polarización en beneficio de la viabilidad de nuestra frágil y defectuosa democracia.

La falta de materia prima democrática se manifiesta en la forma de un pacto de impunidad entre las principales fuerzas políticas del país, lo cual ha impedido un combate efectivo del binomio formado por la corrupción política y el crimen organizado. Pasar del pacto de impunidad a un pacto por la cabal aplicación del Estado de derecho es condición indispensable para enfrentar con éxito a los cárteles de la delincuencia. Ello implica no sólo una limpieza, sino una reinvención del Estado, habida cuenta de que la tasa de impunidad hacia la delincuencia organizada en México es de entre 95 y 98 por ciento, de acuerdo con datos del doctor Edgardo Buscaglia. Entrevistado por Carmen Aristegui, el especialista en temas de seguridad explicó que la estrategia aplicada con éxito en 17 países, como Colombia, Jordania e Italia, exige atacar la corrupción política en sus raíces. En el movimiento de Manos Limpias, en Italia, fue descubierta una extensa red de corrupción a la que pertenecían miembros de la élite política y empresarial del país. Las pesquisas realizadas por el fiscal Antonio di Pietro, en 1992, incluyeron a parlamentarios en activo e incluso provocaron el suicidio de dos acaudalados empresarios italianos. En Colombia, 32 por ciento de los legisladores de todos los partidos políticos fueron procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Poner fin al pacto de impunidad en México parece utópico, debido a los acuerdos secretos, aunque conocidos por organismos de inteligencia internacional, por especialistas en la materia y muchas veces por la opinión pública nacional, pero sospechosamente ignorados por las autoridades judiciales del país. Romper con dicho pacto de impunidad es la única forma de acabar con las inmensas redes de corrupción que permiten la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas, policiacas, judiciales y empresariales del país. La confrontación entre el cártel del Golfo y Los Zetas es la causa del alarmante aumento de la violencia en Tamaulipas, pero la amenaza del narcoterrorismo también afecta gravemente la vida y los procesos electorales en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Hidalgo Quintana Roo, Veracruz o Zacatecas.

La gran pregunta es si finalmente el gobierno federal estará dispuesto a corregir su estrategia de combate al crimen organizado que ha cobrado 22 mil 700 víctimas en lo que va del sexenio y no ha dado los resultados esperados. La más grave omisión de dicha estrategia es mantener intocadas las estructuras financieras y las redes de corrupción del crimen organizado. Hemos llegado a un punto de quiebre: sostener el pacto de impunidad significa renunciar a ser un país democrático, respetuoso del derecho y capaz de brindar seguridad a sus ciudadanos.