Si algo ha caracterizado las acciones del Estado mexicano durante las últimas tres administraciones, una del PRI y dos del PAN, ha sido la casi absoluta ausencia de consecuencias jurídicas y legales de una ya notoria cantidad de actos de autoridad flagrantemente violatorios de los derechos humanos fundamentales y de la Constitución nacional, desde los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y en sus tres esferas de competencia, la ejecutiva, la legislativa y la judicial.

Este “estado de impunidad” generalizado y permanente, reiterado cotidianamente por todas las regiones del país, ha dado lugar a un lamentable proceso de destrucción del tejido social mexicano, así como a la vertiginosa disolución de las redes de negociación y gobernabilidad ciudadana. Este “peculiar proceso” de funcionamiento del sistema político mexicano en los últimos tiempos, más allá de la casuística específica, es decir, de las violaciones concretas de las cuales se protege y/o se evade sancionar a los responsables por sus actos y acciones, configura indudablemente un estructural estado de impunidad social, cuyas consecuencias del todo ominosas e inaceptables obligan urgentemente a la sociedad mexicana a establecer en un futuro próximo un proceso nacional de reparación social, el ineludible “juicio de memoria” que dé viabilidad a un proceso de transición y reconstrucción nacional.

Entre esas consecuencias está el desprestigio casi absoluto que tiene en nuestra sociedad el sistema político in toto: los partidos, los políticos, las instituciones, los funcionarios, el sistema judicial, los magistrados, los tribunales, los jueces; y, como si esto no fuera ya demasiado, hay que agregar el desprestigio al que, de manera arbitraria e irresponsable, ha sometido el jefe del Ejecutivo al Ejército Nacional, al haberlo involucrado de manera autoritaria y anticonstitucional en actividades fuera de sus marcos legales, y al confrontarlo con la sociedad, en una lucha que alcanza la cifra de 23 mil cadáveres.

Baste señalar a modo de ejemplo algunos de los casos que esperan justicia en nuestro país, y en cuya responsabilidad están involucrados los más altos funcionarios del Estado mexicano: la matanza de Aguas Blancas aquel 28 de junio de l995, la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997, las agresiones incesantes a los pueblos zapatistas hasta el día de hoy, la represión y violaciones en Atenco en mayo del 2006, la represión y asesinatos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)…

Hay que sumar a la lista innumerables casos, como el indigno encarcelamiento, juicios y castigos a las mujeres hña-hñu, y el reciente asesinato de Beatriz Cariño y del observador internacional Jyri Antero Jaakkola…

La sociedad mexicana se encuentra en pleno estado de indefensión frente a los abusos y arbitrariedades de las autoridades del Estado: es tiempo ya de poner un alto e instalar los “Tribunales de la Memoria”, que permitan a nuestro país salir de este espeso y oscuro tiempo.