Una de las principales tragedias que viven muchos pueblos indígenas a través del mundo es la pérdida de su cultura. Cuando visité Canadá en 2004 como relator de la ONU para los derechos indígenas, numerosas “primeras naciones” (así se llaman allí los pueblos indígenas) me informaron del trauma que sufrieron desde hacía varias generaciones por el hecho de que el gobierno federal les obligaba a enviar a sus hijos a “escuelas residenciales” en donde los niños y las niñas pasaban varios años sin que se les permitiera volver a sus comunidades de origen. En estos internados, que generalmente eran manejados por asociaciones cristianas, se les enseñaban los conocimientos, valores y lengua de la civilización anglo-protestante o bien franco-católica en la provincia de Québec. Se les prohibía el uso de su propia lengua, tradiciones, costumbres y espiritualidad indígenas. Después de varios años, cuando se les permitía volver a casa, ya habían sido deculturados y no lograban adaptarse al medio ambiente original. La familia, por su parte, sentía que había perdido a los hijos, atestiguando el rompimiento de la cadena cultural generacional. Mis informantes me hablaban del “duelo transgeneracional” que habían tenido que sufrir durante muchos años.

Aunque estas escuelas residenciales fueron cerradas eventualmente, y tomaron su lugar nuevos programas educativos bilingües e interculturales en las reservaciones de las primeras naciones, los efectos residuales de los internados se manifestaron durante mucho tiempo, y en general en el país se hablaba poco del asunto. Hace algunos años una Comisión Real para Asuntos Aborígenes, creada por el gobierno, señalaba que los pueblos aborígenes de Canadá aún estaban intentando sobreponerse a la herencia de una educación colonial y que la cultura e identidades que las familias estaban procurando transmitir a sus descendientes habían sido severamente dañadas por estas acciones del estado canadiense. Se recogieron numerosos testimonios de abusos físicos, sexuales y psicológicos practicados a los niños y niñas de estas escuelas. A raíz de estas denuncias, el gobierno estableció un programa de solución al problema de las escuelas residenciales, permitiendo que la justicia resolviera sobre denuncias documentadas, y otorgando algunas compensaciones monetarias a las víctimas.

Pero estas medidas fueron tardías e insuficientes. Las organizaciones indígenas cabildearon durante varios años para que el gobierno federal asumiera su responsabilidad en la materia por sus políticas equivocadas y que se adoptaran programas sustantivos para el resarcimiento de las injusticias y violaciones cometidas contra la niñez indígena y las culturas e identidades de los aborígenes. Como consecuencia de esta campaña, el gobierno canadiense firmó en 2006 un acuerdo amplio y general con las organizaciones de los pueblos aborígenes y sus representantes legales para solucionar de una vez por todas las cuestiones pendientes de las escuelas residenciales. En consecuencia, el primer ministro de Canadá formalmente presentó las disculpas del gobierno ante el Parlamento, en 2008, por su papel en los malos tratos infligidos a decenas de miles de niños y niñas aborígenes durante varias generaciones.

El acuerdo también creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre las escuelas residenciales, que tiene un mandato de cinco años y comenzó sus trabajos en 2008 para investigar y esclarecer a fondo todo lo que aconteció durante las siete generaciones en que más de 150,000 niños y niñas indígenas fueron obligados a asistir a estas instituciones. Como señaló el magistrado Murray Sinclair, un juez indígena que preside la Comisión, en su intervención ante el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU a principios de abril, la intención del gobierno había sido la de “matar al indígena en el niño”, la de extinguir las culturas, creencias, lenguas e identidades de los pueblos indígenas. Pero también señaló que este objetivo no se alcanzó por la resistencia de los indígenas. La Comisión ahora tiene la tarea de investigar a fondo la tragedia que vivieron los pueblos aborígenes de Canadá, principalmente recogiendo los testimonios de los sobrevivientes, quienes podrán obtener compensaciones monetarias de acuerdo con la ley por los sufrimientos y los daños recibidos.

Canadá fue uno de los cuatro estados miembros de la ONU que votó en contra de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007. Hace poco, el gobierno canadiense declaró que estudiaría la posibilidad de endosar la Declaración, después de que el Parlamento canadiense por unanimidad le había pedido que lo hiciera.

En el lado opuesto del planeta, también el gobierno de Nueva Zelanda, que había votado en contra de la Declaración, informó que reconsideraría su voto. También en este país, conocido como Aotearoa en lengua maorí, la población indígena maorí fue gravemente dañada en su cultura e identidad a lo largo de los siglos diecinueve y veinte. Entre otras linduras, los comerciantes y aventureros europeos compraban las cabezas de guerreros caídos en combate, artísticamente tatuadas según la tradición local, cabezas que los vencedores guardaban como trofeos (así como los shuar en Sudamérica empequeñecían las cabezas de sus enemigos y los indios de las praderas las cabelleras de los suyos). En ocasiones, los coleccionistas de cabezas humanas mandaban asesinar a algún guerrero o jefe maorí por obtener su trofeo. Pues bien, varios de estos “objetos etnográficos” terminaron en los museos de Europa, y el gobierno de Francia acaba de anunciar que devolverá al de Aotearoa algunos de estos objetos que estaban guardados en un museo en la ciudad de Rouen. El ministro de Asuntos Maoríes de Nueva Zelanda anunció su satisfacción por la pronta devolución de esta parte del patrimonio cultural del pueblo maorí, del que fue despojado durante la gloriosa etapa del colonialismo occidental.

¿Para cuándo la devolución del penacho de Moctezuma?