En Milpa Alta hubo participación de los habitantes en las discusiones. Foto: Emmanuel Audelo E.

Los foros de consulta que se llevaron a cabo como parte de los trabajos para la creación de la primera ley en materia indígena en el Distrito Federal,concluyeron a casi un año de haber comenzado el proceso y “en un intenso trabajo”, como lo calificó la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para la Comunidades (Sederec), María Rosa Márquez Cabrera.

Esta etapa, que consistió en recoger las participaciones y opiniones de los pueblos, comunidades, organizaciones y ciudadanos indígenas originarios y residentes en el Distrito Federal, dio paso a la creación de tres mesas de trabajo coordinadas por el comité técnico integrado por la Sederec, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) área metropolitana, la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios.

La consulta es un mecanismo que tiene su raíz en una larga lucha del movimiento indígena por tener herramientas de participación e información para la toma de decisiones, es así que las dinámicas para los foros fueron sustentadas bajo una serie de preguntas “detonadoras”, basadas en las temáticas que abordan el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En entrevista, la doctora Márquez destacó que “la consulta se fue desdoblando por decirlo de alguna manera, se fue planteando que se hicieran más y más regionales y en varias lenguas indígenas, como por ejemplo en delegaciones como Iztapalapa o Cuauhtémoc, esto ha servido para garantizar que los habitantes estuvieran haciendo suyo este proceso”.

La consulta tuvo como base para la discusión los siguientes temas: la libre determinación y autonomía; derechos colectivos, identidad y autoadscripción; sistemas normativos internos, administración y acceso a la justicia; acceso a los medios de comunicación, cultura y lengua; tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente; derecho a la consulta y participación; educación, salud y medicina tradicional, entre otros.
Un antecedente de este proceso se dio en 1997, cuando la Asamblea Legislativa capitalina intentó diseñar una iniciativa en la materia con la asesoría de diversas organizaciones indígenas del Distrito Federal y expertos en el tema; sin embargo, no se había implementado alguna consulta a los pueblos, barrios y comunidades, y fueron las propias organizaciones quienes plantearon la necesidad de realizarla.

Fue el 22 de junio del 2009 que, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se hacía del conocimiento público que se iniciaría un proceso de consulta previa, libre e informada, tomando como base lineamientos internacionales como el convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU, y fundamentado en la Constitución mexicana.

Los resultados de estos trabajos “deberán ser la base y sustento para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, integre, elabore y presente, de manera conjunta con los pueblos originarios y comunidades indígenas e instituciones participantes, un proyecto de dictamen en materia de derechos y cultura para pueblos originarios y comunidades indígenas para el Distrito Federal”, afirmó Márquez Cabrera.

Los trabajos de la consulta continúan, ahora se ha divido en tres mesas itinerantes. La primera mesa es la que abordará los conceptos y precisará las categorías planteadas durante las discusiones. La segunda, denominada “Alcances e implicaciones jurídicas en la integración legislativa del Distrito Federal sobre los derechos de los pueblos indígenas y/u originarios”, trabajará las demandas planteadas por las comunidades en concordancia con la normatividad local, nacional e internacional. Finalmente, la mesa de seguimiento y evaluación del proceso, recopilará y sistematizará todos los foros realizados. Esta mesa deberá devolver la información a las comunidades consultadas para que sea aprobada en asambleas.

En ese sentido, Francisco García Flores, jefe delegacional de Milpa Alta, invitado al abrir los trabajos de la segunda mesa, pidió poner énfasis en el tema de la normatividad interna de la comunidades y puntualizó que “las formas propias de representación política de los pueblos originarios, y también de otros pueblos indígenas que han migrado a la ciudad, tienen que ser contempladas en esta nueva ley que se está trabajando”. En la misma mesa, la diputada Alejandra Barrales explicó el interés que existe en la V Legislatura, pues aun cuando se identifica a cerca de 647, 271 personas como indígenas según datos de la CONAPO en 2005, “hoy por hoy no tenemos en esta ciudad políticas públicas que estén pensadas en atender, respetar, garantizar y promover los derechos de este sector de la población”, y concluyó que los trabajos de la consulta tendrán como producto “un marco jurídico que regulará la convivencia de los pueblos indígenas”.

Por su parte, la titular de la Sederec, expresó: “Estamos asumiendo un compromiso muy serio con las comunidades indígenas y que por las características propias de la capital nos da la posibilidad de reconocer su diversidad, en donde la diferencia no signifique desigualdad, sino donde encontremos el potencial y la riqueza”.

Y concluyó: “La ciudad capital tiene la presencia de todos lo pueblos de nuestro país, y este proceso ha hecho que se esté trabajando para que la ciudad sea un espacio hospitalario, incluyente e intercultural donde se reconozca este potencial como una gran virtud. Y también que haya la posibilidad de atender en el ejercicio de sus derechos a las personas más allá de su origen o calidad migratoria y garantizar su desarrollo”.