Olegario Carrillo, coordinador de UNORCA. Foto: Especial

El derecho a la alimentación, a partir de una reforma constitucional, es una urgencia en el país debido a la situación de pobreza alimentaria en que se encuentra la mayor parte de la población rural e indígena, declaró Olegario Carrillo, coordinador ejecutivo nacional de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

En entrevista con MUNDO INDÍGENA, Carrillo expresó: “No debemos permitir que el Estado mexicano siga siendo omiso en esta materia y que los campesinos e indígenas padezcamos las consecuencias negativas de una ingesta deficiente de nutrientes, que impide a los mexicanos desarrollar sus potencialidades físicas e intelectuales”.

El dirigente campesino dijo que es fundamental que el Estado garantice a toda persona el acceso a una alimentación suficiente y de calidad, en especial a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. “La garantía del derecho a la alimentación –detalló– debe partir de bases constitucionales, que permitan organizar un sistema que regule la producción y calidad de los alimentos, su conservación, industrialización, distribución, transporte y comercialización. Reconocer el derecho a la alimentación sería la estrategia para llevar a cabo una reforma social y económica en nuestro país”.

Carrillo recordó que existen acuerdos internacionales suscritos por el gobierno federal que garantizan el derecho a la alimentación, como la Declaración Universal de losDerechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que, sin embargo, “en México sobreviven más de 16 millones de personas que no satisfacen los requerimientos alimenticios mínimos. La pobreza y el hambre se concentran en mayor medida en los más de mil 300 municipios con población rural mayoritaria y particularmente en los territorios indígenas”.

Según Carrillo, por las políticas equivocadas del gobierno federal, sobre todo en los últimos 30 años, en nuestro país aumenta la población con problemas de obesidad con las consecuentes enfermedades que de ella derivan y se ha perdido la soberanía alimentaria, al depender los mexicanos cada vez más de la importación de alimentos básicos.

“Por eso, la reforma rural que propone la UNORCA –enfatizó– incluye el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental, su reconocimiento constitucional y las reformas a las leyes secundarias. Propone también una reforma al marco jurídico, principalmente en lo relativo al reconocimiento de los derechos sociales y económicos expresados en el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales, así como al reconocimiento a la autonomía de los pueblos indígenas”.

Por último, Carrillo afirmó que se requiere también de “un programa de reactivación del campo, expresado en metas específicas en la producción de alimentos garantizando en todo momento la protección de los recursos naturales, y una reforma fiscal que elimine el régimen de privilegios que tienen las grandes empresas alimentarias a partir de las devoluciones de impuestos”.