Foto: Jesús Quintanar/Archivo

El sistema de sanciones del Instituto Federal Electoral (IFE) tiene mal y de malas a los consejeros electorales, toda vez que aplicar multas a quienes incumplen el código en la materia es como hacer llamadas a misa: el que quiere paga y, el que no…

A más de dos años de la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que otorga al IFE facultades para sancionar y cobrar a quienes infrinjan el marco legal en materia de manejo de tiempos del Estado en medios electrónicos y otras violaciones, se han impuesto casi 300 millones de pesos en multas, pero poco o nada se ha recuperado.

Ese es el estado que guarda la recuperación de los créditos fiscales derivados de procedimientos administrativos ordinarios y especiales, con excepción de partidos políticos.

Cerca de 200 millones están aún en disputa legal, pero casi 100 millones ya causaron estado; están, como dicen en el mismo IFE, “en firme” (ya no hay recurso legal que evite pagar), pero la Secretaría Ejecutiva del Instituto apenas entregó el 15 de febrero pasado a la Secretaría de Hacienda la vista para el requerimiento y el cobro respectivo de 57 millones 474 mil 341 pesos, correspondientes en su mayoría a multas impuestas a Televisión Azteca, pese a que habían causado estado desde mayo y junio de 2009.

Ante este hecho, el consejero Marco Baños consideró que la Secretaría Ejecutiva, que tiene a su cargo la administración del IFE, “debería ser más ágil en la realización de las vistas al SAT, para que podamos dar cumplimiento cabal al precepto contenido en el Código Electoral”.

Hay que recordar que conforme a la reforma de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2008, el IFE tiene la función como única autoridad para administrar el tiempo del Estado mexicano en materia electoral en radio y televisión, y tiene asimismo la facultad de sancionar a quienes incumplan el ordenamiento legal.

Se sabe que en otros 70 millones de pesos Azteca no pidió amparo ni notificó su inconformidad conforme a los tiempos de ley, por lo que también quedaron en firme, pero no se ha informado si la Secretaría Técnica del Instituto ya procedió a dar vista al SAT para su cobro.

Pero así es casi la generalidad de los casos en que el IFE ha impuesto sanciones desde la reforma de 2007-2008; de acuerdo con el Instituto, sólo 23 personas físicas y morales, con sanciones ordinarias o por órganos desconcentrados, han pagado casi 846 mil 225.60 pesos, es decir, ni un millón de pesos se ha recuperado.

Sobre esta demora, el secretario ejecutivo del Consejo General del IFE, Edmundo Jacobo, explicó en una sesión del Consejo General, que ni Hacienda ni el SAT ni el IFE habían tenido experiencia en intercambio de información, seguimiento e imposición de multas a concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión, y por eso era necesario un marco explícito de entendimiento que encuadrara esta nueva actividad.

Es así que, con fecha de 8 de octubre de 2009, el IFE y el SAT celebraron el “convenio para el control y cobro de créditos fiscales determinados por el Instituto Federal Electoral derivado por multas impuestas por infracciones relativas al Cofipe”.

Edmundo Jacobo recordó que la primera resolución del Consejo General que sancionó a una persona distinta a un partido político fue dictada el 2 de mayo de 2008 y todavía, en marzo de 2010, no ha causado estado, porque continúa su litigio en los tribunales.

La ruta puede exponerse así, agregó: para dar vista a las autoridades hacendarias, deben ocurrir muchas cosas previamente. Este Consejo emite una multa, el sancionado acude al Tribunal Electoral, la Sala Superior analiza, confirma o revoca, con frecuencia el mismo asunto se ventila ante jueces administrativos, incluso ante la Suprema Corte.

Así que una sanción llega a su estación definitiva hasta que la resolución impugnada alcance el final de sus procedimientos y no admite ya ningún recursos; es hasta entonces que el Instituto entrega todo el expediente en firme a las autoridades hacendarias.

Los consejeros, sin embargo, dicen que hay un tramo largo entre la fecha en que las sanciones causaron estado y la que se dio vista al SAT, por lo que, dijo Marco Gómez, “si queremos hablar de un trabajo ejemplar, tenemos que cobrar esas sanciones, porque es muy raquítico el nivel de lo que se ha recuperado, y no sirve de nada imponer sanciones si no se pagan”.

A este respecto, el consejero Marco Baños sentenció: “Lo más grave de todo sería que se hiciese nugatorio el sistema de sanciones y que los procedimientos sancionadores que desahoga el Consejo General no tuvieran el efecto concreto del cobro de la multa, porque en ese sentido estos procedimientos se traducirían en simples deliberaciones mediáticas”.

El patito feo

Pero no sólo el retraso en la recuperación de las multas es lo que tiene en conflicto a los consejeros del IFE, también el hecho de que, afirman unos, se multe más a una misma empresa, en este caso Televisión Azteca, y a otros infractores se les tengan más consideraciones.

En la última sesión del Consejo General del IFE se cuestionó por qué solamente a Televisión Azteca, y no se están desahogando los procedimientos sancionadores en todos los demás medios de comunicación que han incumplido la pauta y que se tienen claramente detectados.

Marco Gómez, por su parte, dijo que el problema no es que se sancione a la televisora del Ajusco, sino que bajo esos mismos criterios y parámetros se tendría que castigar a todos, pero desafortunadamente eso no sucede.

Y es que, a decir del mismo consejero Gómez, no se inician procedimientos sancionadores a otros concesionarios, a pesar de que están detectados más de 150 mil mensajes de concesionarios de radio en ambas frecuencias, pendientes de sancionar.

El consejero Francisco Guerrero resaltó que en general los medios electrónico0s reportan un cumplimiento de 96 por ciento, lo que representa sin duda un avance en materia de monitoreo y de cumplimiento de la ley.

No obstante, en ocho estados donde habrá elecciones este año, se habla de 147 mil promocionales no transmitidos, que son casi 30 por ciento de los promocionales pautados en Yucatán, Durango, Chihuahua, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes.

De estos, casi 102 mil están vinculados a diversos factores que impidieron su transmisión y los casi 45 mil restantes no fueron transmitidos por el mismo supuesto por el que se sanciona a Televisión Azteca.

Dichos incumplimientos se concentran fundamentalmente en 14 emisoras que reiteradamente presentan un comportamiento atípico, porque no se transmite 30 por ciento de sus promocionales.

Los altos mandos del Instituto salieron al paso de estos señalamientos y manifestaron que en 15 entidades, incluidas las que tendrán comicios, se tienen ya 124 requerimientos y que se han integrado 21 vistas que han dado pie al inicio de procedimientos sancionadores.