Venezuela-España:
ETA y FARC, en el centro de la polémica
2010-03-14•Fin de Semana online
La tormenta se desencadenó el 1 de marzo, cuando el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional (tribunal con jurisdicción en todo el territorio de España) requirió a su gobierno que pidiese apoyo al de Venezuela para investigar los lazos entre ETA y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el expediente de Velasco, un presunto enlace entre las dos organizaciones es Arturo Cubillas, quien llegó a Venezuela en un grupo de deportados vascos en 1989, tiene un alto cargo en el gubernamental Instituto Nacional de Tierras y habría co-organizado un entrenamiento de insurgentes colombianos y venezolanos por expertos en explosivos de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad).
Ese entrenamiento se habría realizado en distintos puntos del occidente de Venezuela, al tiempo que las FARC y ETA sumarían esfuerzos para varios atentados, entre ellos un presunto intento de asesinato del derechista presidente colombiano Álvaro Uribe durante una visita a España.
Velasco se apoyaría en parte en documentos de un computador atribuido al comandante Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, abatido el 1 de marzo de 2008 en una incursión del ejército colombiano en Ecuador.
Bogotá maneja discrecionalmente la divulgación del supuesto contenido de uno o de varios computadores, presuntamente incautados en el campamento de Reyes.
El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que esperaba de Venezuela "una explicación ante estas informaciones que parten de la Audiencia Nacional", con sede en Madrid.
Mientras la secretaria de organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Leire Pajín, reclamaba "una explicación inmediata" de Venezuela, el opositor y centroderechista Partido Popular (PP) exigía retirar el embajador e incluso romper relaciones si se evidenciaba apoyo del gobierno venezolano a la supuesta entente ETA FARC.
Este extremo habría sido una mala noticia para corporaciones españolas como Telefónica, que hace en Venezuela negocios de 3 mil millones de dólares anuales, o Repsol-YPF, que busca gas en el Golfo de Venezuela y acaba de ganar una licitación con socios indios y malasios para producir en siete años hasta 480 mil barriles diarios de petróleo.
"No tengo que dar explicaciones ni a Zapatero ni a nadie en este planeta. Que le pida explicaciones a ese juez irresponsable", fue la respuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien además denunció el expediente de Velasco como parte del cerco internacional contra su gobierno dirigido, según dijo, desde Washington.
El canciller español Miguel Moratinos matizó entonces que Zapatero no pedía explicaciones sino información, Chávez encontró esa posición más aceptable, y las cancillerías produjeron un comunicado conjunto para manifestar su voluntad de luchar contra el terrorismo y su compromiso de colaborar en los ámbitos judicial y policial.
Analistas locales coinciden en que el choque golpea más a Madrid que a Caracas, por la oportunidad que tiene el PP de explotar electoralmente lo que presenta como falta de firmeza para combatir a ETA y defender a los jueces que persiguen a ese grupo, tildado de terrorista por España.
"Incluso pareciera que esta situación sorpresiva agarró desprevenido al gobierno de Zapatero, a juzgar por los titubeos y cambios de léxico", comentó María Romero, docente de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela.
Pero, "también la imagen internacional del presidente Chávez se resiente, y todos estos datos se acopian para alinearlo entre gobernantes que deben explicar su conducta con respecto a pactos y tratados contra el terrorismo o por los derechos humanos", añadió.
El dirigente opositor venezolano Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual, criticó que, "sea un pedido de la Audiencia Nacional española o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la reacción del presidente es siempre superexcitada, defensiva e insultante, siempre reacia a referirse a los hechos concretos que se le señalan".
En cambio, el diputado oficialista Calixto Ortega, de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (poder legislativo unicameral), dijo que el expediente de Velasco "forma parte de una campaña internacional que pretende distorsionar la realidad de Venezuela", país que "no ha tenido colaboración de ninguna naturaleza con ningún grupo irregular".
El canciller venezolano Nicolás Maduro acusó al juez Velasco de integrar "la mafia de ultraderecha que dirige José María Aznar", el ex jefe del gobierno español, lo que llevó a Zapatero y a otros voceros a defender tanto al dirigente del PP como al magistrado y al Poder Judicial de su país.
Ahora, como parte de la proclamada nueva cooperación antiterrorista, Zapatero dijo que viajará a Caracas el director general de la Policía y Guardia Civil españolas, Francisco Velázquez.
Dos aspectos de este embrollo han sido soslayados o escasamente tratados por la prensa venezolana y española. El primero es que la llegada de los etarras en 1989-1990 fue parte de un convenio tripartito, y verbal, entre los entonces gobernantes español Felipe González, Fidel Castro el venezolano Carlos Andrés Pérez, con la aquiescencia del presidente francés François Mitterrand, fallecido en 1996.
El socialista González pidió a Pérez y a Castro que recibieran a etarras que vivían o estaban detenidos en países vecinos de España, y así llegaron a Venezuela los integrantes del llamado Comando de Argel, que París no deseaba entregar a Madrid.
Luego llegaron expulsados por gobiernos o por su propia cuenta otros militantes vascos, tanto a Venezuela como a Cabo Verde, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Dominicana y Uruguay.
Los refugiados en Panamá dejaron ese país luego de que una invasión estadunidense derrocó en diciembre de 1989 al gobierno de Manuel Noriega.
El presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle (1990-1995), el mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) y el dominicano Leonel Fernández en su primer mandato (1996-2000) entregaron a Madrid a varios presuntos etarras, a quienes sus países habían acogido sin problemas por años.
En Venezuela, los ex etarras debían presentarse cada mes ante la policía política y abstenerse de hacer activismo. Se integraron rápidamente a la comunidad de origen vasco y hubo quien, como Cubillas, montó un restaurante al que incluso dio el nombre de Okers, como el comando armado que supuestamente integró en la década de los 80.
En 1996, cuando gobernaba Venezuela el socialcristiano Rafael Caldera, agentes españoles y de Interpol intentaron llevarse subrepticiamente en un vuelo privado al vasco Eugenio Berrutiabengoa, pero Caracas abortó esa operación y protestó con energía ante Madrid.
El segundo aspecto es que, paradójicamente, Chávez es el único presidente venezolano que ha entregado activistas vascos a Madrid, y lo hizo cuando gobernaba España el derechista Aznar.
Juan Bittor Galarza, juzgado en España por asesinato, fue arrestado por la policía política de Venezuela y deportado el 1 de junio de 2002. Dos semanas antes, en la cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe realizada en Madrid, Aznar había pedido a Chávez colaboración en la lucha antiterrorista.
El procedimiento se repitió contra Sebastián Etxaniz el 16 de diciembre de ese mismo 2002, un año en el que Chávez soportó intentos de desalojarlo del poder mediante un golpe de Estado, una larga huelga petrolera y empresarial y marchas callejeras.
La captura y deportación de Galarza y Alcorta violaron sus derechos fundamentales, según la entonces abogada de la Defensoría del Pueblo, Luz Mejía, actual presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo ordenó en 2006 que Venezuela indemnizase a los dos vascos con 400 mil dólares.
Galarza pagó tres años de cárcel, en tanto Alcorta cumple una condena a 96 años por su participación en tres asesinatos.
En 2003, Cubillas dijo a la prensa que se sentía perseguido por agentes de la policía española que actuaban en Venezuela y temía su captura o deportación. Su suerte cambió en 2005, cuando él y su esposa se hicieron funcionarios de confianza del ministro de Agricultura y vicepresidente de la República, Elías Jaua.
