Ciro Gómez Leyva deja, en la edición del pasado jueves, un espacio en blanco en su habitual columna. Es un pequeño espacio. Es un inmenso espacio vacío. Es el vacío de un silencio terrible: el del dolor de un periodismo atenazado por la violencia.

Desgraciadamente, las palabras no dichas por Ciro son sólo parte de un profundo espacio que crece y crece cotidianamente, principalmente en el norte y el noroeste del país, amenazando con hacer de México la República del silencio. Un silencio que sustituye la palabra de la prensa libre con la amenaza de la violencia y la imposición de las ideas.

Patrullaje militar antinarco en Matamoros, la semana pasada. Foto: Archivo

Para quienes hemos dedicado parte de nuestra vida a defender los derechos humanos es especialmente preocupante un hecho como éste, pues tiene implicaciones y ramificaciones que afectan toda la vida social.

El periodismo vale por lo que dice, por lo que difunde, denuncia o analiza. Siempre ha habido en ello un riesgo: la reacción de quienes se sienten incómodos por lo publicado.

Pero hoy el periodismo mexicano vive no sólo la inconformidad normal y hasta comprensible de los actores de la vida pública que pueden sentirse ofendidos o afectados y que suelen reclamar, incluso en tono airado, una aclaración o una corrección, sino la reacción violenta e impune de quienes no conocen límite en su venganza ni en sus afanes de imponer el silencio.

El caso que mueve al columnista a dejar su espacio en blanco tiene su origen en Reynosa, Tamaulipas, pero son muchos lugares de la República donde el crimen ata la libertad de expresión y la reduce, o pretende reducir, a la frontera que el propio crimen determina.

Así, la prohibición, la represión, emerge desde el delito que arrebata un derecho con dos caras: la libertad de expresión y el derecho a la información.

Se multiplican los casos en que no son los editores de medios los que en un ejercicio libre de su criterio determinan los contenidos informativos, sino el crimen organizado, que al amenazar o agredir a los periodistas, agrede al periodismo y coarta el derecho a saber.

Indigna en primer lugar que se inflija sufrimiento al periodista, a la persona, y que por razones tan naturales y protegidas por la Constitución, como recabar y difundir información de interés público, puede ser víctima de agresiones, de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio.

Conmueve el dolor de las familias de las víctimas que azoradas reciben la última y fatal noticia que les da el cuerpo sin vida del periodista, el padre, el hijo asesinado. O la incertidumbre y temor del desenlace de una desaparición forzada.

Así como han proliferado los negocios en los que los dueños o quienes los atienden han terminado encerrados tras rejas obligadas para protegerse de la delincuencia, el periodismo puede quedar atrapado en rejas menos visibles pero igualmente reales. Se trata de un mundo inverso: libre quien delinque; maniatado quien desempeña una actividad lícita.

Indigna igualmente la pérdida del derecho a expresarse, más aún cuando la mano que amordaza no tiene empacho en mancharse de sangre para imponer el monopolio de las ideas.

Se cierra la pinza sobre uno de nuestros más valiosos derechos: la libre circulación de informaciones y opiniones.

Indigna saber que el derecho a estar informado es letra invalidada por la violencia, que el crimen pretende arrebatar el espacio de la noticia y convertirlo en un espacio a su servicio, so pena de un sufrimiento tan inaceptable como indescriptible.

Ante estas amenazas, el futuro parece cada vez más sombrío, puesto que un país sin libertad de expresión está condenado a la erosión de su tejido social y a la pérdida del espíritu cívico, puesto que la palabra —y no el silencio— es la base de nuestra convivencia como seres humanos, sociales y políticos.

Desde este espacio, en su doble sentido, el que ocupan estas líneas, y ese espacio de libertad que se resiste a claudicar, expreso mi solidaridad a los periodistas del relato de Reynosa, Tamaulipas, a Carlos Marín, a Ciro Gómez Leyva y a MILENIO.