El Congreso del Estado mantiene en la congeladora por lo menos 5 proyectos de resolución sobre conflictos de límites territoriales, algunos que éstos datan de hace 100 años, como es el caso de Minatitlán-Cosoleacaque.

Esto a pesar de que dichos proyectos ya fueron debidamente dictaminados y tienen el visto bueno del Ejecutivo estatal, pero no han sido enviados a discusión y se ve aún más distante su posible aprobación ante la cercanía de las próximas elecciones. En la lista de espera a que sean sometidos al pleno legislativo están los conflictos en los municipios de Ángel R. Cabada-San Andrés Tuxtla y Boca del Río-Alvarado, ambos tienen alrededor de hace 10 años; Xalapa-Emiliano Zapata, 6 años; Minatitlán-Cosoleacaque de alrededor de 100 años, y el más reciente entre los municipios de La Antigua-Veracruz.

Durante la gestión del diputado local Renato Tronco Gómez como presidente de la comisión de Límites Territoriales –ahora diputado con licencia–, de los 46 conflictos territoriales pendientes sólo se lograron destrabar dos: entre Oteapan-Chinameca y los municipios de Orizaba-Ixhuatlancillo.

Con la salida del diputado en cuestión la solución de conflictos pendientes se torna aún más complicada, pues la comisión de límites territoriales quedó acéfala y con pocas posibilidades de que los proyectos dictaminados puedan ser discutidos en el pleno legislativo. “Son muchos los intereses que intervienen en la disputa del territorio, intereses económicos, sociales y hasta políticos por lo que “difícilmente se pondrán sacar adelante todos estos temas”, reconoció Tronco Gómez un día antes de pedir licencia para contender a la alcaldía de Las Choapas.

Minatitlán-Cosoleacaque
Tal es el caso de Minatitlán-Cosoleacaque en donde ambos municipios se disputan el territorio donde se ubica el Puente Coatzacoalcos II, el aeropuerto Canticas, una autopista, parte de la industria petroquímica de Pemex. La pelea por un territorio de esta índole radica en que es importante fuente de ingresos estatales y federales por los cobros de cuota de peaje, recursos derivados de la operación de Pemex en la región, posibilidades millonarias de inversión por el aeropuerto de Canticas, la posibilidades de acceder a más participaciones federales, son algunos de los beneficios que obtendrían estos ayuntamientos.

Dico, la manzana de la discordia
La Antigua-Veracruz es otro caso que también está arrumbado en el escritorio de la Junta de Coordinación Política, y que puede generar conflictos más graves, en este caso ambos municipios se adjudican la pertenencia de 3,500 hectáreas, conflicto que surgió a raíz de que la empresa española grupo Dico anunció la inversión de 1,500 millones de dólares para crear un complejo turístico denominado: La Nueva Veracruz. El proyecto incluye la construcción de un campo de golf, centros comerciales, club deportivo acuático, renta de yates, pesca deportiva, entre otros sitios de ocio enfocados a convertir a ese sitio de Veracruz en un referente turístico nacional e internacional.

El conflicto comenzó cuando empresarios de la española Dico solicitaron información para saber a qué municipio acudirían a pagar impuestos por los trámites que debían realizar para la construcción del complejo, esto fue la manzana de la discordia entre La Antigua y Veracruz.

Xalapa-Emiliano Zapata
Otro conflicto que a pesar de su difusión en diversos medios de comunicación no ha logrado destrabarse es el de Xalapa-Emiliano Zapata, en este caso el territorio en disputa es por la propiedad del territorio donde se ubica la plaza comercial Américas, Las Trancas, Ojo de Agua, los fraccionamientos como lo es Bugambilias, Jacarandas, Haciendita y Cascadas.

A pesar que desde el 2007 los legisladores habían anunciado la resolución de este conflicto y la aprobación del dictamen, han pasado tres años y en los hechos no se ha concretado.

Otros conflictos territoriales
Ángel R. Cabada y San Andrés Tuxtla, así como Boca del Río-Alvarado, son otros de los conflictos que están archivados en la legislatura local.

El primero por la pelea del poblado Enrique López Buitrón, de apenas 1,500 habitantes, los cuales dicen pertenecer según un decreto presidencial al municipio de San Andrés Tuxtla, sin embargo, pagan impuestos al municipio de R. Cabada.

De Boca del Río y Alvarado son los propios habitantes de la congregación Antón Lizardo quienes han solicitado su anexión a Boca del Río, por la cercanía que tienen con este municipio (menos de 20 km) y por los beneficios que traería pertenecer a éste, es decir, posibilidades de convertirse en un importante corredor turístico.

En total son 44 los conflictos por límites territoriales que están pendientes por resolverse, de los cuales aunque 5 ya están debidamente dictaminados y revisados por el gobernador Fidel Herrera, no han sido sometidos al pleno.

Lo anterior fue reconocido por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando González Arroyo, quien dijo que ve difícil que estos asuntos puedan ser discutidos en las próximas sesiones, pues argumentó: “Todavía quedan algunos requisitos pendientes”.