Lucila estuvo a punto de ser asesinada por su esposo, que la arrolló con un auto e intentó rematarla en septiembre de 2009. Paradójicamente, cuando luchaba por sobrevivir a sus graves lesiones, inconsciente y hospitalizada, a la víctima le descontaban de su salario la pensión alimenticia que un juez concedió a su agresor Arturo Duarte Rodríguez, y que a la fecha todavía cobra su familia.

A pesar de que desde enero el sospechoso está formalmente preso por tentativa de homicidio, el acoso continúa. Al parecer utilizó “influencias” para que funcionarios del DIF negaran a la víctima la custodia de sus dos hijos, como una forma de presión para que se retiren los cargos, no obstante los años de violencia y abusos.

La trágica historia de Lucy ha transcurrido entre la indeferencia y la complicidad de autoridades del Estado de México, particularmente de los municipios de Coacalco y Tenango del Valle.

Lucila, de 36 años, se casó en mayo de 1997 con Duarte Rodríguez, un empleado administrativo, cuya hermana es Leticia Duarte Rodríguez, trabajadora del municipio de Coacalco y coordinadora de logística del actual presidente municipal, Roberto Ruiz Moronatti.

Arturo pasó del maltrato verbal y psicológico, a los golpes, abuso sexual y robo, comportamiento que repercutió en el estado emocional de sus dos hijos, de ocho y nueve años. Uno de ellos tuvo que ser canalizado al Centro de Atención Psicopedagógica para que superara problemas de lenguaje y dejara a “su amigo imaginario”.

El 19 de septiembre de 2009, la mujer denunció en el MP de Tenango del Valle a su pareja por maltratos, violación y la sustracción de sus dos hijos. El día 22 se percató que Duarte Rodríguez saqueaba su domicilio y fue entonces que él la atropelló e intentó pasarle el vehículo en reversa, lo que impidió un vecino.

Un mes antes, el agresor logró que un juez le otorgara 30 por ciento de las percepciones de Lucy.

Después de mucho esfuerzo, la madre de familia salió del hospital y logró que agentes capturaran a Arturo Duarte Rodríguez, a quien se le dictó auto de formal prisión por homicidio en grado de tentativa el 8 de enero de 2010, por lo que está internado en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Tenango del Valle.

El 25 de enero Lucy obtuvo la custodia provisional de sus hijos, pero el reencuentro duró poco ya que la semana pasada fue citada en el DIF municipal de Coacalco, donde señaló que la hermana de Arturo utilizó su cargo en el municipio y fue víctima de maltrato y amenazas por parte de la directora Nora Luz Chávez, así como de los servidores públicos Alejandro Ruiz y Erica Sandoval, quienes aseguraron que tenían el derecho de mandar a los menores a un albergue.

“Mi único problema fue no presentar copias certificadas de la custodia que me otorgó el juez de lo familiar de Tenango del Valle, pero me dijeron que aún cuando las tuviera tendrían que checar que no falsificara los sellos, por eso pido el apoyo del gobernador Enrique Peña Nieto”, se lamenta Lucila.