En México no están dadas las condiciones para que se apruebe una ley que prohíba el pago del rescate en secuestros y mucho menos que se impida la participación de negociadores para liberar a víctimas, señaló la activista Isabel Miranda de Wallace, quien manifestó su descontento por el predictamen de la ley general antiplagio, en la que se crea la figura del “secuestro extorsivo político”.

Y manifestó sus razones: “Creo que no están dadas las condiciones en virtud de que todavía la policía no ha sido certificada, no estamos dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Yo creo que no están dadas las condiciones para que se prohíba a las familias pagar el rescate”.

En entrevista con MILENIO, criticó que los legisladores contemplen la figura del “secuestro extorsivo político”, cuando la privación ilegal de la libertad es un delito, ya sea con el fin de obtener dinero o para presionar a la víctima a efectuar algo.

“Respecto a la figura con fines políticos, pues yo no tengo ningún inconveniente, no entiendo por qué deben tener un apartado, o sea, la privación ilegal de la libertad es cuando alguien te lleva sin tu consentimiento, con el fin de obtener dinero, con el fin de que tú hagas algo que no quieres y la otra que es con dañarte.

“Ahí engloban todos los tipos penales, digo no entiendo muy bien y desconozco por qué están haciendo eso, el secuestro político, porque en México no se da el caso, no estamos en Colombia”, expresó.

Puntualizó que al final de cuentas privar de la libertad a una persona es secuestro, por lo que no importa si campesinos retienen a un político por ciertas causas o demandas.

“Que a lo mejor te obligan a que tomes una medida como funcionario o hasta que no haga otra cosa, me entiendes, ese es el secuestro extorsivo. No te piden dinero, pero te piden que hagas cosas”, añadió.

Sin embargo, dijo que ese apartado no le causa ruido, sólo espera que en la ley se contemple lo que realmente necesitan las familias que han sido víctimas de las bandas de secuestradores.

Finalmente, refirió que los negociadores —en este tipo de delitos— sí deben operar, pero sólo los certificados y oficiales por el gobierno federal, como ha venido ocurriendo en los últimos años, ya que se puede dar el caso de que existan “vividores” que se aprovechan de las víctimas, tratando de “exprimir” más a la familia a través de asesorías.