Víctor Hugo Círigo, diputado independiente, ve riesgos en el proyecto. Foto: Héctor Téllez/Archivio

Legisladores y representantes de organizaciones civiles rechazaron la creación de la figura del “secuestro extorsivo político”, prevista en el predictamen de la nueva ley general antiplagios elaborado en la Cámara de Diputados, pues consideraron que con ésta se pretende criminalizar la protesta social.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado independiente Víctor Hugo Círigo consideró el proyecto redactado por su homólogo priista Josué Valdés como una “rudeza innecesaria”, y estimó excesiva la intención de equiparar el “secuestro extorsivo político” con el delito de privación ilegal de la libertad.

“Sin duda existe el riesgo de criminalizar la protesta social”, puntualizó, y pidió mesura a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia para evitar excesos como el de los arraigos sin orden judicial en la más reciente reforma en materia de justicia penal.

Remarcó que el predictamen de Valdés no ha sido puesto a consideración de los integrantes de la comisión, y anticipó que al momento del debate esa propuesta “no saldrá bien librada”.

En su turno, el panista Ezequiel Rétiz llamó a la cautela y la responsabilidad para evitar la penalización del ejercicio de los derechos sociales, pues la propuesta de sancionar la retención de funcionarios y policías inhibirá el ejercicio de la libertad de expresión.

“Debemos ser muy responsables y cuidadosos para evitar que se criminalicen los derechos sociales fundamentales, aunque también habrá qué revisar medidas para que, en casos muy específicos, los ciudadanos no cometan abusos en el ejercicio de sus libertades”, puntualizó Rétiz.

El legislador del blanquiazul consideró “aventurado y precipitado” hablar de un nuevo tipo penal para sancionar el “secuestro político”, cuando la Comisión de Justicia no ha conocido un predictamen sobre la ley antiplagios y mucho menos ha sido consensuado al interior del grupo de trabajo.

Según Valdés, la nueva Ley General Antisecuestro considera un nuevo tipo penal para sancionar a las personas o grupos ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías, con el fin lograr el cumplimiento de sus demandas sociales.

Mientras tanto, Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, manifestó su preocupación de que se pretenda abatir el crimen organizado, que realiza delitos que dañan a la sociedad, comparando sus acciones con protestas y movimientos sociales.

El delito de secuestro, señaló, reviste particularidades distintas a las que pretenden denominar “secuestro político; esta nueva modalidad sólo intenta aprovecharse del descontento que tiene la población por el incremento en el secuestro, donde se violentan los derechos de las víctimas, se le causan daños morales y sicológicos y, además, se hace con un el fin de lucrar.

Pretender equiparar el “secuestro político” con la privación ilegal de la libertad, puntualizó Díaz, “nos ubica en una nueva etapa en la que se castiga a las personas por tratar de defender sus derechos justos y protestar contra de las autoridades, como ocurrió en el caso de San Salvador Atenco.

A su vez, José Antonio Ortega, integrante del Movimiento Blanco, calificó de grave error e inmoral tratar de criminalizar la protesta social, aunque admitió que “está mal que grupos sociales retengan a funcionarios públicos y no sean sancionados, pero no por eso son secuestradores”.

- Claves

Antecedentes

• El pasado lunes, MILENIO Diario publicó que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya tiene listo el predictamen de la ley general contra el secuestro, que crea la figura del “secuestro extorsivo político”.

• La propuesta plantea sancionar a las personas o grupos de ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías para presionar en favor del cumplimiento de demandas sociales o ciudadanas.

• El diputado priista indicó que el “secuestro político” será equiparado con la privación ilegal de la libertad.