En el proceso de democratización en México han surgido e incorporado a nuestra concepción de Estado los órganos constitucionales autónomos. Én términos generales bajo las características del modelo europeo, en particular el español. Al momento de identificar su naturaleza, la referencia es esa. Sin embargo, en nuestro caso mexicano, tanto las propuestas como exigencias sociales sobre dichos órganos han sido bajo la impronta o carácter ciudadano, sobre todo en temas de derechos humanos, procesos electorales y derecho a la información.

A escala federal, con carácter originario ciudadano, tenemos la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral; con carácter más técnico que ciudadano, están el Banco de México y el Instituto Nacional de Geografía e Informática. El Ifai aún es un órgano de la administración pública federal, y está a la espera de la redefinición de su naturaleza bajo el principio constitucional establecido en el artículo 6° de la Carta Magna. A escala local, los órganos constitucionales autónomos que tenemos son el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia; exigiendo ese carácter está el Consejo Económico y Social. En el caso de Jalisco, el carácter y exigencia ciudadana de los órganos constitucionales ha sido más explícito, de tal suerte que en el momento que grupos políticos se han apropiado de ellos, el descrédito y la falta de legitimación ha sido su condena.

Pero no sólo ese es su problema. Si una característica de los órganos constitucionales es su especificidad y tecnificación en el tema que muestra su razón de ser (procesos electorales, derechos humanos y derecho a la información) no es evidente en su misma estructura e integración, entonces el asunto se hace más grave.

En Jalisco, por cuidar la naturaleza ciudadana originaria (sin lo cual no tendría razón de ser el resto de sus características) hemos dejado a un lado de exigirles su especificidad y tecnificación.

Claro. No están en la misma situación la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y el Instituto de Transparencia. Si recuperamos su actuar y su integración, observamos y analizamos lo que han hecho y hacen, tendríamos que considerar seriamente no la desaparición de algunos, pero si su refundación.

¿Cuándo empezamos?