El próximo 25 de enero México será sede de la reunión sobre el Acta (Acuerdo de Comercio contra la falsificación). El anfitrión será el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que ha invitado a una consulta pública que, más que un ejercicio plural, es una farsa que se da entre taxativas y censura que impiden una participación libre de los interesados en este tema, amén de que se ha negado a dar a conocer los documentos emanados de las negociaciones del Acta.

Los promotores del Acta han querido ubicar la discusión de manera maniquea ente dos bandos: los que quieren acabar con los derechos de propiedad intelectual o de autor y los que quieren preservarlos. Cuestión absurda y reduccionista porque la problemática es mucho más compleja y no refleja el fondo del problema.

Puede que exista un sector que partiendo de una libertad mal entendida crean que nada debe costar a nadie porque piensan que “todo es de todos” y opten por invitar a los usuarios de internet a luchar contra los poderosos en virtud de un etéreo principio anarcosocialista, basado en la idea de que no merecen tener lo que poseen y que ningún producto cultural debe ser pagado. Pero hay otro sector, amplio e importante, que piensa que los derechos de autor, las nuevas tecnologías, los derechos del consumidor y la privacidad son indisociables.

El sistema de derechos de autor y de propiedad intelectual, pese a sus inconvenientes, es la mejor vía para proteger los intereses de los creadores, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pero para que eso sea una realidad es necesario respetar los derechos de los consumidores y que no sean únicamente las grandes trasnacionales las beneficiarias del desarrollo tecnológico o las caducas organizaciones que dicen defender los derechos de los creadores, pero que viven de manera parasitaria de los mismos o de organismos que, en vez de representar el interés de los mexicanos, personifican el de las grandes industrias.

Será el Senado de la República quien tendrá en sus manos la aprobación o modificación del Acta para México pero, hasta ahora, ni esa instancia ha recibido alguna información al respecto por parte del Ejecutivo o del IMPI, lo que refiere que todo sigue manejándose en lo oscurito y a favor de las grandes empresas trasnacionales del entretenimiento.