Que no quede la menor duda: los gobernadores se van a gastar la lana como quieran y el enfoque del gasto será electoral: van a gastar en medios, en nóminas y en programas rentables, electoralmente claro. Si eso es lo que han hecho los últimos diez años, ¿por qué van a hacer algo distinto ahora? Nuestros impuestos no se van a destinar a generar bienestar de los grupos vulnerables, ni a hacer obras que promuevan el desarrollo económico. Sí habrá dinero para grupos vulnerables, si se traduce en votos; habrá obra pública, poca como siempre, pero no aquella que promueva el desarrollo económico de una ciudad o una región, sino la que promueva y apuntale la permanencia en el poder del partido que lo tenga.

Las preocupaciones de Hacienda son válidas, pero hasta rayan en la ingenuidad. El PRI no aprobó la ley de ingresos, con un costo político alto, para luego amarrarse las manos. La midieron bien. El costo político a pagar por la Ley de Ingresos es menor al costo de no tener dinero (un político pobre es un pobre político, rezaba la conseja priista). Hacienda los chantajeó con “o me apruebas o no hay billete”; los priistas cedieron al chantaje porque un gobierno sin dinero se muere, pero por supuesto que van a dejar ahora que Hacienda les ponga condiciones.

Una de las múltiples perversidades de nuestro sistema político es la relación entre el gobierno federal y los estados que, en la práctica, es la aún relación entre el centro y la provincia. Nuestro sistema federal, liberal y gringo, se basa justamente en la soberanía de los estados. Somos, según la Constitución, estados soberanos unidos en una república, al menos en la letra (Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.) Son los estados los que crearon la federación y no el gobierno central quien creó a los estados. Con el tiempo y para fines de control político y unidad nacional el centro ha ido absorbiendo los elementos fundamentales de la soberanía de los estados convirtiéndolos en atenidos y caprichosos.

Del porfiriato a la fecha, pasando por toda la época del nacionalismo revolucionario y la aún incipiente y trastabillante era democrática, el gobierno federal ha tratado a los estados como hijos, no como socios. Ha sido, por lo demás, un padre castrante y controlador, que los maleducó, pues a fuerza de quitarles y negarles responsabilidades, los hizo inútiles y atenidos. Cuenta la historia no oficial del partidazo que en una ocasión un secretario de Gobernación mando a llamar a un gobernador. Este ignoró el llamado. Al día siguiente, elementos de la entonces Dirección Federal de Seguridad prácticamente secuestraron al gobernador soberano, lo subieron a un avión y lo pusieron en la oficina del sercretario. El secuestrado se quiso defender y le grito al secretario de Gobernación con toda la seguridad y altanería que da la ignorancia: “Soy gobernador”, a lo que el interlocutor le respondió con una cachetada y unas palabras de aliento: “No, recuérdelo, usted es puro pendejo”. Hoy, muerta la figura política que fungía de padre controlador, la secretaría de Gobernación de antaño con sus garras y sus dientes, los ratones están de fiesta.

Los hijos malcriados no van a ser distintos mientras no asuman que la libertad y la soberanía pasan por la independencia económica y la contribución fiscal. Esto es, si no volvemos al principio básico de que los estados y municipios son responsables y libres para cobrar impuestos como mejor les convenga y que sean los estados lo que contribuyan con la federación y no al revés, esto será el cuento de nunca acabar. Los gobernadores seguirán portándose como juniors, gastando en mantener el estatus (en este caso político) porque esa es la lógica que se impone. Hay gobernadores peores que otros, pero no es un asunto de buenos o malos, sino de sistema.

Ninguna reforma fiscal resolverá el tema de fondo, la relación madura y democrática entre gobierno y ciudadanos, mientras los municipios y los estados no asuman sus facultades y responsabilidades fiscales. Cuando Fox les puso en bandeja a los estados la posibilidad de que cobraran 2 por ciento adicional de IVA a discreción, ningún gobernador se animó a entrarle al tema; no hubo quién levantara la mano para decir vamos a estudiarlo.

Si los estados quieren asumir la libertad y la soberanía que les confiere la Constitución, lo primero es que los ciudadanos y gobernadores de los estados (incluyendo el DF, que debe ya convertirse en estado) asumamos en nuestras manos el desarrollo de cada entidad y contribuyamos en forma justa y proporcional con la Federación. Por lo pronto hagámonos el ánimo a que nuestros impuestos, bien sudados y bien sufridos, se van a gastar con lógica política de juniors.

Nadie, ni Hacienda ni el Presidente ni Gobernación van a meter en cintura a los hijos malcriados.