Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sobre la controversia

Martes, plazo para juntar las 251 firmas

  • 2009-11-21•Política

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará por concluido el debate sobre si procede o no interponer una controversia constitucional contra el decreto que extinguió a Luz y Fuerza del Centro, en caso de que dicha propuesta no sea respaldada al menos por 251 legisladores antes del próximo martes.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política señala que los legisladores que se pronuncien a favor de la promoción de dicho medio deberán manifestarlo de manera personal y directa a través de la suscripción, con firma autógrafa, del documento que para este efecto ponga a su disposición la presidencia de la Mesa Directiva, antes del 24 noviembre, a las 17:00 horas

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política señala que en caso de que se supere el número de 250 firmas a favor de la propuesta, el presidente de la Mesa Directiva procederá a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional.

En caso de que no se reúna el número de firmas necesarias, la presidencia de la Mesa Directiva considerará el tema como asunto concluido, e instruirá el archivo de la documentación correspondiente.

Cualquiera que sea el resultado final, deberá ser comunicado a la Junta de Coordinación Política.

El acuerdo que deberá ser suscrito por la mitad más uno de los 500 legisladores fue elaborado por el grupo parlamentario del PRD, y contiene los elementos y argumentación jurídica que, de acuerdo con dicho partido, sustenta la presentación de la controversia.

Los legisladores que deseen respaldar la propuesta deberán firmar el documento y sus firmas serán cotejadas con el registro oficial de la Cámara de Diputados.

De proceder la controversia, las firmas de los legisladores formarán parte del expediente que se formule.

Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política se dio luego de que el grupo creado para analizar este caso no pudo alcanzar un consenso sobre la procedencia de la controversia constitucional y decidió enviar el informe de actividades a la citada instancia legislativa para que ésta determinara el procedimiento a seguir.

México. Daniel Venegas