Gómez Alcántar dijo que habrá que esperar a que se materialice. Foto: Oswaldo Ramírez/Archivo

Consejeros del Instituto Federal Electoral calificaron de “discurso político más que una intención a fondo” el artículo transitorio aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 2010, el cual abre la posibilidad de realizar reformas para reducir el financiamiento de los partidos políticos —cuyo monto para 2010 ascenderá a 3 mil 12 millones de pesos— y confiaron en que se lleve a la práctica.

Y es que en el artículo transitorio vigésimo primero del Presupuesto de Egresos 2010 se dispone que de aprobarse reformas que modifiquen los recursos presupuestales para el gasto de los partidos políticos nacionales, los ahorros generados se destinarán a proyectos de inversión; sin embargo, esa posibilidad, hasta el momento, sigue congelada en la Cámara de Diputados.

En entrevista, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar dijo que se trata de “un gesto ni bueno ni malo” del que habrá que esperar a que se materialice cuando se reforme la Constitución, si es que la intención es esa.

“Para opinar de eso hay que esperar, eso va a ser bueno o malo dependiendo si se materializa o no la reforma (…) Me parece que es más un discurso político que una intención a fondo de reestructurar todo lo que es el sistema de financiamiento a los partidos”, sostuvo.

—¿Estaríamos hablando de que es una buena señal?

—Para mí no es ni buena ni mala, simplemente falta todavía una discusión muy larga y falta que se materialice realmente la intención de los partidos por bajarse o no el dinero.

Gómez Alcántar —quien ha expresado su rechazo a disminuir el financiamiento de los partidos sin ir primero a un análisis integral del sistema electoral, pues de lo contrario se abriría la puerta a dinero ilícito— expresó que si realmente se quiere disminuir el costo de la democracia se tienen que apoyar mayores medidas de fiscalización a los institutos políticos y reformar la ley.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños Martínez señaló que “pareciera que sí hay disposición”, pero realmente se verá cuando se llegue a discutir el tema, el cual está condicionado a una reforma legal, pues la fórmula para calcular los recursos se encuentra establecida en la norma.

“Por lo menos han colocado ahí la posibilidad de considerarlo en la discusión en la mesa de la reforma. Sí veo que hay condiciones para una reforma electoral, no sé si para modificar la fórmula del financiamiento, pero el tema está colocado (…) Este es un asunto donde si no hay voluntad de los partidos políticos, es difícil que se pudiera concretar”, comentó.

Otra de las vías, agregó el consejero electoral, es mediante un acuerdo en el que renuncien a su financiamiento una vez que lo reciban por parte del IFE, instancia encargada de otorgar las ministraciones a los partidos; sin embargo, comentó que para ello se requiere “voluntad política”.

Baños Martínez recordó que si bien es cierto que el financiamiento público de los partidos resulta oneroso para el país, el debate debe ir más allá para evitar que el dinero ilícito fluya hacia las campañas políticas, elemento que debe ser considerado por los legisladores.

La actual fórmula con la que se calcula el financiamiento de los partidos establece que se multiplicará el número de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De ese total, el 70 por ciento se distribuye de manera proporcional entre todos los institutos políticos de acuerdo a su última votación en los comicios y el 30 por ciento restante se asigna de manera igualitaria.