Cuestión de identidad. Noviembre de 2009. Foto: Claudia Guadarrama

En un gesto simbólico, arrastrados por quién sabe qué motivaciones más allá de las típicas simulaciones de la tribu que nos gobierna, los legisladores decidieron dizque reasignar el dinero que la Secretaría de Gobernación había pedido para cumplir el mandato constitucional y la Ley General de Población de crear un registro confiable y una cédula de identidad que corresponda. Mandatos hechos por los legisladores, por cierto.

Digo que el gesto es simbólico porque en la “fe de erratas” donde supuestamente el dinero que se quita a la cédula de identidad se da a otros rubros que son parte de la construcción del registro que eventualmente facilitaría la emisión de una cédula.

Descartemos, por falaces, las razones económicas, al menos en un presupuesto que gasta en remodelar la vieja Basílica de Guadalupe o en crear la Agencia Espacial Mexicana. Lo más curioso es quiénes son los más activos opositores de la cédula de identidad: los consejeros del Instituto Federal Electoral, pero a eso llegaremos más adelante.

Primero, ¿cómo nos identificamos los mexicanos? De varias maneras, de variadísimas maneras, diría yo. Por ejemplo, en los siguientes documentos sí confía el gobierno para hacer un trámite:

Pasaporte, credencial de elector, certificado escolar vigente, el cual deberá contener fotografía con sello oficial (el sello deberá incluir el número de incorporación a la SEP) de la institución emisora sobre la misma, firma y cargo de quien lo expide; cédula profesional, título profesional, carta de pasante que contenga fotografía y sello oficial sobre la misma de la institución emisora y firma y cargo de quien la expide, credencial vigente de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social, con fotografía, sello sobre la fotografía, firma y cargo de quien la expide; credencial de trabajo vigente de la dependencia o entidad gubernamental; credencial del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, antes INSEN); credencial para jubilados y pensionados; carta de naturalización; certificado de nacionalidad mexicana; matrícula consular, o cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

En esta lista no se pide el certificado de estudios para saber usted qué estudia; o la credencial del Inapam para saber su edad. No. Sólo es para saber que usted es el que usted dice que es.

Hay otras identificaciones que dan nuestros gobiernos como las licencias de manejar, en las que no confían ni ellos mismos. Cuento otra curiosidad, resulta que para sacar un pasaporte, trámite para el que usted puede presentar cualquiera de las identificaciones arriba mencionadas, hay dos que requieren de una “verificación especial” que retrasa la entrega del pasaporte: un pasaporte anterior emitido en un consulado, o el certificado de nacionalidad. Ambos son documentos que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que la propia dependencia no confía del todo. Kafka, pues.

Desde su creación, la identificación mexicana para los mayores de 18 años es por excelencia la credencial de elector. El IFE piensa que no se falsifican credenciales porque nadie, o muy pocos, acude a votar con una credencial de elector falsa. Pero los invito a que hagan una encuesta en cualquier secundaria o preparatoria mexicana para saber cuántos chavos tienen sus “ifes” que les permiten entrar a antros.

Lo que sí ha logrado el IFE, gracias a la credencial de elector, es tener una presencia nacional impresionante en cada municipio y un contacto directo con la ciudadanía, a la que presta un buen servicio —sacar la credencial es un trámite en general eficiente—, que es parte fundamental de la buena imagen que el instituto tiene ante la opinión pública. Lástima que eso no tenga nada que ver con su misión principal: la de organizar elecciones libres, limpias y decentes. Hacer de la credencial del IFE la principal identificación del país ha hecho más fácil que la gente vote. Como lo confiesan los consejeros en su oposición a la cédula cuando advierten que la gente votará menos. Pero la misión del IFE no es identificar a los mexicanos, y en estricto sentido, tampoco hacerlos que voten. Lo que hace el IFE con su credencial es un subsidio a la incapacidad del Estado para darnos un instrumento que diga quiénes somos. Pero distorsiona el interés real de los mexicanos en las votaciones. Entiendo que los consejeros quieran cuidar su ranchito, pero todo país moderno tiene un sistema de identificación para todos sus ciudadanos (no sólo los que quieren votar) desde que nacen hasta que mueren.

Otros objetan la cédula con base en razones de privacidad. Esa discusión merece ría otro texto, pero anticipo una idea. Hoy, por ley, todos los partidos políticos tienen acceso permanente a la base de datos del padrón electoral. Nadie se quejó nunca. ¿Es muy diferente que los datos los tenga el Niño Verde, o el secretario de Gobernación? Es pregunta.