La política, como el periodismo, no es ciencia exacta. El margen para la contradicción, para el error, o simplemente para darse a malentender ante terceros, es siempre amplio. Aunque no lo fuera tanto, aunque fuera sólo tan amplio como el espesor de esta página, la “opinión pública” y los medios tienen un ojo bastante entrenado para detectar cualquier alejamiento que tengan las figuras políticas sobre el “deber ser esperado” de sus posiciones públicas. Y ante tales situaciones tienden a explotarlas y con frecuencia a sobredimensionarlas. Estamos, sin embargo, frente a dos casos recientes que no dejan espacio a la interpretación y que difícilmente pueden exagerarse, pues se alejan en definitiva de los cánones esperados en cualquier partido que gobierne.

Primero fue César Nava, dirigente nacional del PAN. Apenas unas horas antes había votado en la Cámara de Diputados a favor del proyecto de Ley de Ingresos previsto para el próximo año cuando de repente convocó a una conferencia de prensa él mismo para decir que había votado a favor pero que en realidad estaba en contra porque el PRI lo había obligado a ello, a él y a su bancada. Ahora son algunos senadores del PAN los que abiertamente cuestionan el voto a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación que emitieron sus propios correligionarios en la Cámara de Diputados. Dicen que analizan interponer “un recurso legal” contra la aprobación del Presupuesto, puesto que, según ellos, contiene un “severo retroceso” en materia de transparencia y rendición de cuentas. No importa el voto de los diputados del PAN ni el hecho de que su propio coordinador en el Senado, Gustavo Madero, haya rechazado ya impugnar el presupuesto.

El más activo en el proceso de descalificar a sus propios colegas de partido es el senador Felipe González, quien niega que se trate de una rebelión contra su partido ni contra el Ejecutivo federal, quien ha dicho que en términos de transparencia el Presupuesto 2010 construye sobre lo vigente al día de hoy. Dice el senador que él sólo responde a sus electores, pero valdría preguntarse si no tiene antes que responder ante los hechos para después construir las opiniones o informar y dialogar con sus electores.

¿Cuáles son los hechos? En esencia, las disposiciones vigentes hoy en materia de transparencia lo seguirán estando el próximo año. El llamado gasto federalizado, por ejemplo, que es la transferencia de recursos que aporta el gobierno federal a los estados según las fórmulas de repartición establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, seguirá sujeto al cumplimiento de las disposiciones actuales en materia de rendición de cuentas: información sobre su ejercicio; actualización de los indicadores de resultados y, por ende, obligación de evaluar el resultado del gasto; obligación de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar dicho gasto. ¿Ha habido algún retroceso en esta materia, la que equivale a 954 mil millones de pesos o 7.5 por ciento del PIB? Al parecer ninguno.

También es un hecho que algunas propuestas nuevas por parte del Ejecutivo no “transitaron” en la Cámara. Por ejemplo, se proponía que en los proyectos que deben tener un componente de recursos estatales y federales, el llamado pari passu, primero pusieran el dinero los estados y luego la federación. Como diciendo “tú ponle para que entonces yo le ponga”. La propuesta no fue aceptada por los diputados, pero cuando menos se estableció por primera vez un plazo límite a los estados para que a más tardar 35 días hábiles después de depositados los recursos federales ellos deban hacer lo propio. Hoy no existe tal plazo máximo, además de que no es inusual que los estados “olviden” poner la parte que les toca de ciertos proyectos específicos. Hay pues un avance en materia de corresponsabilidad, y por ende rendición de cuentas.

En donde no hubo para dónde hacerse fue para con las disposiciones relativas a que las ministraciones sólo se hicieran a estados y municipios al corriente en sus obligaciones con el fisco federal. Sus razones tendrán los legisladores, pero el hecho es que mucho de lo que existe hoy en materia de transparencia había sido propuesto y rechazado algunas veces con anterioridad.

Así pues, para efectos de cierta certidumbre y confiabilidad política mínima, en cualquier sistema democrático nunca está demás que las opiniones de los legisladores del partido en el gobierno se sustenten en los hechos. Éstos, aun en la política, siguen hablando más que mil palabras.