Es cierto que siguen siendo el Ejército y la Procuraduría General de la República los que investigan y ejecutan aprehensiones en contra de mandos y policías que se vendieron al crimen organizado.

Pero se advierte un cambio notable en la actitud del Gobierno del Estado y de la Procuraduría de Justicia del Estado. Se suman a los operativos federales, los reconocen como necesarios y los policías ministeriales cumplen el papel que habían abandonado, como auxiliares de la justicia.

A diferencia de la administración pasada, que daba la impresión de arrastrar los pies para apoyar al Ejército, que dejaba sueltos los cabos y no daba seguimiento a las acciones contra los malos elementos.

Hay que recordar que el anterior secretario de Seguridad ofreció empleo a uno de los ex jefes policiacos que se llevó la PGR el miércoles para procesarlo.

El procurador actual, Alejandro Garza, conoce el aparato policial desde dentro y ha sufrido en su familia los efectos de la descomposición policiaca y la infiltración del narco.

Por eso llegó cesando jefes y separando a 17 ministeriales, como dice, de “los más notorios”. Y sigue escarbando para localizar todo el estiércol que se acumuló en el aparato policial durante los últimos años.

En lo que se percibe como una nueva actitud local contra el narco, debe reconocerse el papel de revulsivo que ha resultado la postura envalentonada pero franca del alcalde Mauricio Fernández.

Aun los ciudadanos que critican sus excesos verbales, admiten que por lo pronto le puso el cascabel al gato. Y que su actitud temeraria no permite que otros alcaldes y autoridades puedan hacerse los disimulados.