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La muerte de una mujer, derivada de un acto violento, es un problema social que revela el estado de una sociedad donde “hay seres humanos que no respetan la vida de los otros; la aspiración es que seamos mejores como sociedad”, señala Alberto Bazbaz Sacal, procurador general de Justicia del Estado de México.

Aun cuando en este problema el Estado de México está ubicado en los primeros lugares en las estadísticas, los números deben mirarse bajo la lupa del análisis, ya que los decesos de mujeres “que tenemos hoy, en relación con (los resultantes de la) violencia y la delincuencia organizada, son menos”.

Se “menciona al Estado de México como el de mayor número de homicidios de mujeres. Es muy importante que quede en contexto, sobre todo para que los mexiquenses tengan la información y entiendan que formamos parte de un conglomerado urbano muy complejo, la zona metropolitana, particularmente la del Valle de México, donde se da el mayor número de incidentes criminales”.

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, Alberto Bazbaz anota que una estadística delictiva debe observarse con relación al número de habitantes. En tal sentido, en el Estado de México “tenemos un homicidio de mujer por cada 100 mil habitantes al año”. Ese dato coloca a la entidad muy lejos de otras, subraya.

Con las estadísticas no se trata de “ver en qué lugar estamos”, como tampoco “hablar de números absolutos”. Las comparaciones son delicadas, porque se ha dicho que la entidad “lleva en cinco años lo mismo que en Ciudad Juárez en un año; tratan de obtener un número absoluto que parezca mayor,
y no es así”.

Los indicadores de violencia están atados a la densidad poblacional del Estado de México, localidad que cuenta con el mayor número de habitantes en la zona poblacional más grande del país, agrega Alberto Bazbaz.

HABLANDO EN NÚMEROS

Poniendo los números sobre la mesa, el procurador expone:

“El Estado de México tiene nueve homicidios por cada 100 mil habitantes. De esos nueve, una es mujer, los otros ocho son hombres. Entonces, a pesar de que la mujer refleja la mitad de la población en la entidad, su nivel de victimización es menor”.

El 80 u 85 por ciento de hombres victimados está relacionado con “una actividad probablemente ilícita”, mientras que el 10 o 15 por ciento de víctimas mujeres “son en ocasiones victimadas por su pareja” e incluso por otra mujer. Entonces, recalca, “no se trata de una cuestión de delincuencia de género, sino que la mayoría de los casos son problemas generados en el seno de una relación familiar, sentimental, amorosa”.

En el matiz también cuenta la edad de la víctima, donde “de los 170 homicidios dolosos de mujeres que tuvimos el año pasado, el 20 por ciento son bebés recién nacidos que las madres abandonan o los padres no los desean, y por ser del sexo femenino forma parte del análisis concreto que hace la fiscalía”, añade.

Cuando a la fiscalía para atender la violencia contra la mujer se le pregunta por el número de homicidios de mujeres registrados no se revisa quién victimó. “¿Los mató la misma persona? ¡Claro que no! ¿Es un problema de delitos seriales? ¡Claro que no!”. Y menciona que entre 2008 y 2009 “sólo hay un caso donde una persona mató a más de dos mujeres”.

MEDIDAS CAUTELARES

“Que los seres humanos encuentren una mejor forma de convivencia” es una aspiración, para la cual “en el Estado de México estamos haciendo reformas legislativas que están teniendo resultados formidables: las medidas cautelares. “Cuando el ministerio público recibe una denuncia de violencia, le ordena separarse a quien realizó el acto de violencia, se le prohíbe acercarse a la víctima. Al mismo tiempo esa medida cautelar es revisada por un juez que ratifica o no esa medida cautelar y la supervisa”. Esas medidas ayudan a llevar un proceso de distensión de la violencia. “Yo lo asemejo a cuando los hijos se pelean. Antes de saber o preguntar qué pasó, lo primero que hacemos los padres es separarlos, decirles tú vete a tu cuarto, tú vete al tuyo”.

En tal sentido, dice, el proceso legislativo marca lo mismo: la distensión como catalizador de una solución de un conflicto.

Las reformas legales impulsadas por el gobernador Enrique Peña Nieto establecen un sistema de medidas cautelares, donde la Procuraduría tiene la facultad de ordenar separarse a la pareja que realiza actos de violencia contra la mujer o el padre o contra la hija.

“Por otro lado, muy importante, son los tratos que tenemos con el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) tanto con el estatal como con los municipales. El gobierno del Estado de México tiene un ente que conglomera todos los esfuerzos en materia de protección y apoyo a la mujer, es lo hace Lorena Cruz Sánchez, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer”.

Pero si el esfuerzo gubernamental está coordinado en atención a la mujer, la colaboración de la víctima ante la primera señal de abuso debe ser tomada como un alarma que la haga concurrir a las autoridades para evitar conflictos mayores.

¿Cuál es el principal problema que enfrenta como procurador del Estado de México?
Los problemas que tenemos las instituciones públicas siempre van a ser los límites de recursos humanos y materiales. Quisiéramos siempre tener mayores posibilidades de atender mejor a la gente. Mi problema, al igual que lo puede tener el área de salud, es tratar de hacer más con menos.

Entendiendo que México tiene muchas necesidades y que la postura, sin duda correcta, es dedicar muchos recursos a la lucha contra la pobreza, quienes tenemos la función en el ámbito de seguridad tenemos que entender que hay también muchas otras áreas que también tienen que recibir un amplio de presupuesto.

ACUERDO PARA LA TRANSFORMACIÓN

El país vive un proceso de transformación que toca la esfera económica, política, social y cultural. En materia de seguridad, anota Alberto Bazbaz, las instituciones también están en ese camino. “A lo mejor se tardó en transformarse, pero ahora están en ese proceso, derivado, por ejemplo, del Acuerdo Nacional de la Seguridad, incluso el Acuerdo por la Seguridad Integral que suscribimos en el Estado de México”.

Dicho acuerdo establece “políticas públicas de largo plazo, fuera de coyunturas, que van ayudar a fortalecer a las instituciones”. Un fortalecimiento donde la confianza ciudadana juega un papel determinante.

“Todavía hay niveles de corrupción que estamos combatiendo todos los días; a los ciudadanos nos es intolerable cualquier mínimo acto de corrupción. Pero estamos en un proceso de depuración y fortalecimiento, que sin el apoyo de los ciudadanos nos va a costar mucho más trabajo”.

La corrupción ha debilitado a las instituciones, reconoce, y ello impide una actuación acorde con las exigencias ciudadanas, por ende el quehacer primordial es el fortalecimiento institucional para generar una mayor respuesta social, así disminuirán los eventos delictivos y los gobiernos a su vez estarán en mejores condiciones de brindar oportunidades de acceso al trabajo, empleo y educación.

UNA MEJOR SOCIEDAD

Catedrático de Derecho Penal y Derecho Procesal desde hace 11 años en la Universidad Anáhuac, Alberto Bazbaz cuenta que su vocación estaba marcada desde la infancia, cuando se inclinaba a brindar ayuda a los demás y encontraba siempre la coyuntura para apoyar. “Cuando era niño la gente me decía tú vas a ser abogado, porque alegaba las causas justas, me gustaba representar causas ajenas”. En las causas propias sucede al revés, porque “los litigios son muy desgastantes”, dice. Más tarde, ya en su vida de estudiante, “criticaba el sistema procesal, penal, inquisitivo que tenía el país”, por eso no dudó cuando tuvo la oportunidad de participar “en un proceso de reestructura del sistema penal, que de alguna forma culminó con la reforma a la Constitución del año pasado y ahora en el
Estado de México”.

Ahora, Alberto Bazbaz tiene “la enorme oportunidad de participar en el equipo de trabajo del gobernador Enrique Peña Nieto, para de veras ayudar no sólo a cumplir los compromisos del gobierno del estado que son muy importantes, porque es un plan de gobierno que se tiene que cumplir, sino ayudar a que nuestros hijos reciban una mejor sociedad”.

En su tarea como procurador general de Justicia del Estado de México, señala:

“En esta administración se transformó el sistema judicial penal; yo insté a todos los ciudadanos a voltear a ver los juicios orales, que es mucho más que una oralidad en juicio. Ahora tenemos juicios orales. Esa contribución fue, sin duda, un granito de arena. No fui yo, pero participé en ese proceso que le vamos a dejar a los mexiquenses”. Y más aún, hay dos retos que enfrenta. Uno tiene que ver con las condiciones de vida y de trabajo de los servidores públicos de la institución, y el otro con el servicio que brinda la Procuraduría a la sociedad. El reto es que “la sociedad tenga mayor confianza en la institución; es decir, que se acerque a la Procuraduría cuando tenga algún problema, que sepa que a pesar de las limitaciones y de los problemas” se les ayudará a resolverlos, toda vez que es “mejor resolverlos con la institución que fuera de ella”.