Activistas de derechos humanos criticaron ayer la designación en la víspera por la presidenta Michelle Bachelet , del general Juan Miguel Fuente-Alba como nuevo jefe del ejército, a partir del 10 de marzo. En esa fecha concluye el periodo de mando del actual comandante en jefe, Óscar Izurieta.

“Lo que se impone es pedir que de una vez por todas se tomen las medidas para citar a una serie de generales que han declarado que Fuente-Alba estaba en Calama cuando ocurrieron los crímenes que se le imputan”, dijo el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez.

Las acusaciones, difundidas en la prensa, involucran al oficial con las muertes acaecidas en la “Caravana de la Muerte”, acción represiva destinada a ultimar a opositores de la dictadura.

Por ello, aunque la situación de Fuente-Alba está en estudio en los tribunales, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos informó que su designación es “negativa” y “molesta”.

“Me parece que es una persona muy competente, que ha tenido una larga trayectoria en el ejército y creo que muchas de las críticas que se han hecho se han formulado también respecto de comandantes en jefes anteriores y en general esas críticas han sido infundadas”, aseguró el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.

Fuente-Alba fue jefe de comunicaciones del ejército entre 1993 y 1997 y debió enfrentar la maniobra militar conocida como “993”, cuando militares se instalaron en el edificio de las Fuerzas Armadas, ubicado frente al Palacio de La Moneda.

Esta operación ocurrió tres años después del retorno a la democracia y cuando el entonces presidente Patricio Aylwin estaba de gira por Europa.