Pasamos, señores senadores, señoras senadoras a la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo por el que se integra la terna de candidatos a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta presidencia desea expresar una felicitación a la Comisión (…) por el esfuerzo realizado, ha sido un trabajo intenso de amplia participación (…), de escuchar todas las voces y todas las organizaciones que quisieron expresarse, y de haber recibido propuestas de destacados mexicanos y destacadas mexicanas que fueron evaluados en tiempo y forma por los integrantes de estas comisiones.” Esta es palabra del C. Presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete (PRD). La versión estenográfica consultada en el lugar de Internet que tiene la Cámara Alta no incluye el remate: te alabamos señor, pero, por el tono de Navarrete y el resultado de la votación para elegir al ombudsman nacional, más de algún senador debe haber murmurado la fórmula religiosa.

Por más que el presidente del Senado pretenda representar a la izquierda, las recurrencias discursivas que trasminan modos autoritarios lo desnudan: felicitar a un grupo de senadores por haber escuchado a los ciudadanos y a las organizaciones que quisieron aportar en el proceso de elección en la CNDH, es casi el gesto del obispo que espera que los parroquianos le agradezcan que tienda la mano para que le besen el anillo. Ni Navarrete, ni el resto de los que se aprovechan de los poderes de la República, en todos los niveles de gobierno, entienden que dar cabida a las voces de los ciudadanos es una obligación, mínima. Lo que necesitamos es que los gobernantes vayan más allá de tolerarnos; además de escucharnos deben hacer públicos los criterios de los que se valen para resolver cualquier asunto, como elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los candidatos que pasaron el primer filtro (los requisitos básicos que establece la ley), tuvieron la oportunidad de exponer sus planteamientos ante los senadores, mientras que individuos y organizaciones se manifestaron, con cartas, oficios y correos electrónicos, a favor de unas u otros; ambas acciones debieron haber servido como un segundo filtro: una matriz, para eso gastan en un ejército de asesores, que cruzara los criterios, ponderados, puestos en común por los legisladores, el desempeño de los comparecientes y la postura de los ciudadanos que opinaron, ¿la hicieron, sabemos las motivaciones que cada miembro de la Comisión de Derechos Humanos tuvo para reducir la lista de 27 a tres? No; además el voto fue secreto, no razonado, merced a una especie de: hoy por ti, mañana por mí. Esta labor ameritó la felicitación de Navarrete para una comisión senatorial presidida por una histórica en la lucha social, Rosario Ibarra, que no ha sido buena para publicar en Internet ningún dictamen, tampoco, claro, el que fue la base para la elección del ombudsman . El criterio que se impuso fue el del rancio sistema político, la opinión que tomaron en cuenta fue la de los intereses partidistas; ganó el que ya sabíamos, al que no le alcanzó la ética para pedir licencia, en la misma CNDH para buscar presidirla, el delfín de José Luis Soberanes.

Pero así como el caso de la CNDH nos permite documentar una disfunción constitucional, una pérdida de capital social, el tema de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara nos invita a prender un foco de alarma: la misma disfunción, con peligros objetivos. La imposibilidad de dialogar con las autoridades para participar en las decisiones que atañen al transporte público, a los proyectos de edificación e infraestructura urbana, lleva a la radicalización, germen de la violencia, al abandono de los espacios públicos, fertilizante de la inseguridad. ¿Por qué el gobierno de González Márquez y los ayuntamientos no quieren evidenciar y debatir los criterios para decidir el puente en López Mateos y Lázaro Cárdenas, los que hay detrás del trazo del Macrobús; porqué no dan a conocer su proyecto integral de movilidad? Fingir la consulta como hicieron los senadores y rehuir la interlocución como sucede con los gobiernos en Jalisco significa privatizar las cosas públicas, volver (¿se fueron?) a los tiempos de los iluminados sexenales que sólo alumbran sus intereses. Alabado sea el señor, bendita la democracia de gabinete.