Irregularidades en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE): así fue como el presidente de la Academia de Desarrollo Urbano, Luis Antonio Rocha Santos, se explicó la fugaz determinación de este órgano del Poder Judicial de ordenar al Ayuntamiento de Guadalajara que publique el decreto que autorizó el cambio al uso de suelo de El Disparate: “En 24 horas se admite la demanda, se otorga la suspensión y se notifica, curiosamente un día antes de que los regidores buscaran que se abrogue el acuerdo de modificación de uso de suelo. Ojalá todos los asuntos en ese tribunal se tramitaran tan rápido, con una rapidez histórica”.

El Disparate es un predio dentro un área natural municipal protegida, valorada como de fragilidad ambiental, junto a la barranca de Huentitán. Desde octubre pasado, una iniciativa a discusión en el Ayuntamiento de Guadalajara pretende cambiar su plan parcial, para modificar el uso de suelo y que se permita la construcción de edificios de 20 niveles y un estadio de atletismo, pues el proyecto original pretendía ligar el terreno a los Juegos Panamericanos 2011.

Hubo molestia inmediata de parte de grupos ecologistas y universidades. El pleno ordenó no publicar el decreto en la Gaceta Municipal mientras se estudiaban los cambios. La Comisión de Planeación Socioeconómica dio la razón y determinó abrogar el decreto. Los regidores iban a votar la decisión el jueves, pero llegó la suspensión del TAE, a favor de Carlos Andrade Garín, director del Code Jalisco, quien exigió la publicación del decreto.

Puntos en contra

Rocha Santos explicó en principio que el magistrado de la Sala Sexta del TAE que otorgó la suspensión no tenía esa facultad, porque tal recurso no aplica en este caso: “El magistrado no debió otorgar la suspensión, porque estamos hablando de la inminencia de causarle un daño al medio ambiente, y la Ley de Justicia Administrativa establece que, cuando se afecta el interés público, no se debe otorgar una suspensión”.

Según los artículos 87 y 68 de la misma ley, las suspensiones sólo pueden ser solicitadas por particulares, y Andrade es una autoridad, al ser titular del Code. Pero lo más importante es que existe una orden previa del Congreso del Estado para que el ayuntamiento no publique el decreto: “El ayuntamiento está imposibilitado para cumplir con la suspensión”.

Tales irregularidades pueden hacer al magistrado acreedor a una queja, señaló Rocha.

Ayer, el alcalde interino, Juan Pablo de la Torre Salcedo, anunció que acatarán la orden del tribunal en la sesión extraordinaria del lunes por no tener opción. Pero Rocha Santos aseguró que la decisión del magistrado sí se puede revocar mediante un recurso de reclamación que debe interponer el ayuntamiento.