La priista Verónica Martínez, de la Comisión de Justicia del Congreso. Foto: Iván García

Aunque es cierto que el Poder Judicial necesita una reforma, ésta no puede basarse en la inmadurez política de algunos actores en el estado ni en la disputa de cotos de poder, afirmó la diputada Verónica Martínez Espinoza, vocal de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

Después de revisar la iniciativa que envió el gobernador Emilio González Márquez al Congreso, en la cual propone la desaparición del Consejo de la Judicatura y una modificación en el procedimiento para nombrar magistrados, la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que son cambios que se requieren, pero tendrían que revisarse a fondo.

En cuanto al Consejo de la Judicatura, admitió que no ha cumplido con la función para la que fue creado, pero advirtó que no se le puede desaparecer sólo por disputas de grupos. Indicó que tendría que hacerse una revisión sobre las condiciones en que dejaría de funcionar y cuál será el impacto jurisdiccional, administrativo y presupuestal que tendría, lo cual no se hizo al elaborar la iniciativa.

Verónica Martínez aclaró que no es obligatorio para un estado contar con un Consejo de la Judicatura, pues la Constitución local sólo lo menciona cuando se refiere a la integración del Poder Judicial de la Federación. La prueba es que hay trece entidades que no tienen uno, explicó.

En cuanto a la determinación de que sea el gobernador Emilio González Márquez quien proponga a los magistrados, opinó que sólo es quitar el control de unas manos para pasarlo a otras. Lo ideal, indicó, sería que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado remita los expedientes, sin filtrarlos, y que el Congreso decida posteriormente.

La legisladora señaló que el problema de fondo son “los cotos de poder, la inmadurez de las personas que nos representan, incluyéndonos a los diputados, politizando las decisiones”.

La reforma

El gobernador envió una iniciativa de reforma al Poder Judicial para proponer cambios en el proceso de selección de magistrados y la desaparición del Consejo de la Judicatura.

Para nombrar magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el mandatario plantea ser él quien envíe las propuestas; hoy, esa facultad es del Consejo de la Judicatura.

Las facultades del consejo pasarían al Supremo Tribunal de Justicia; nombrar jueces está entre las más importantes.