El ministro Juan Silva Meza fue designado instructor del caso. Foto: René Soto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Senado de la República contra el presidente Felipe Calderón en la que impugnó un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se informó la participación de gobiernos extranjeros en instituciones financieras mexicanas, extralimitándose en sus facultades.

El ministro Juan N. Silva Meza fue designado como instructor del procedimiento en la controversia constitucional firmada por Carlos Navarrete, en su carácter de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

Dicha controversia tiene su origen por la posesión de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos en el Banco Nacional de México (Banamex), a través de Citigroup.

La demanda fue interpuesta de manera directa contra el presidente Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México, debido a que es el Congreso de la Unión el único facultado para legislar en la materia.

El secretario técnico de la Mesa Directiva, Horacio Duarte, quien acudió a la Corte a presentar la controversia constitucional, explicó que se está alegando la inconstitucionalidad del mencionado oficio y la omisión de la CNBV y del BM, por intervenir en la regulación del sistema financiero, violando el capítulo económico constitucional.

Y agregó: “Esperamos y confiamos en que la Corte va a hacer un análisis profundo, es un tema sensible y confiamos en que habrá una resolución de la Corte que garantice la estricta aplicación de la Constitución Mexicana”.

El Senado consideró que hubo una violación de legislar en materia financiera, por eso la mayoría acordó presentar la controversia constitucional.

“Nosotros estamos presentando la demanda en términos de que se aclare, de que se precise, el alcance de la intervención que fue derivado de un caso concreto que era el caso Citigroup, pero obviamente no se descarta que hubiera otras instituciones en el mismo sentido”,
puntualizó.

Asunto de poderes de la Unión

Grupo Financiero Banamex no prepara defensa legal alguna, puesto que la controversia constitucional por la participación de gobiernos extranjeros en bancos mexicanos no es un asunto que se dirime entre particulares, sino entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, afirmó Enrique Zorrilla, director general de Banamex.

Después de su participación en el Foro Económico Bloomberg 2010, el directivo del banco mexicano aclaró que la institución financiera no prepara ningún argumento legal, en el caso de que la Suprema Corte de Justicia del país acepte dicha controversia.

“Este asunto no ocupa a particulares y, como lo hemos dicho antes, nuestros objetivos están abocados a tratar de satisfacer necesidades financieras específicas”, dijo el banquero.

En febrero de 2009, el gobierno de Estados Unidos inyectó como parte del rescate al sector bancario 45 mil millones de dólares a Citi, convirtiéndose en uno de los principales accionistas de esta institución, propietaria del Grupo Financiero Banamex.

Con esta inversión, la administración estadunidense alcanzó 36 por ciento de las acciones. (México. Óscar Granados)