Con su habitual, insólita, libertad de espíritu, Luis González de Alba ha postulado que hay una paidofilia buena y una mala, una que le hace bien a los menores, pues satisface sus necesidades y fantasías, y otra que abusa de ellos. (MILENIO, 11/10/09).

El planteamiento deja caer una interrogación como un mundo: ¿hay que castigar el sexo consentido entre menores y mayores de edad? ¿Todos los menores son víctimas sexuales cuando se relacionan con adultos o pueden ser gozosos cómplices del hecho?

Y cuando son buscadores activos de la transgresión penalizada, ¿siguen siendo la parte a proteger o simplemente desafían nuestros prejuicios opresivos, vueltos ley, sobre la sexualidad infantil y adolescente?

Hablo, como Luis, del sexo consentido entre menores y mayores de edad. El sexo no consentido, logrado bajo cualquier forma de coerción, es punible por sí mismo, en todas las edades. Y debe castigarse con particular rigor cuando se ejerce contra menores, lo mismo en redes de prostitución y pornografía infantil y juvenil, que en los casos de abuso familiar.

Hace poco, la revista The Economist dedicó un artículo a explorar los efectos perversos de leyes virtuosas contra el abuso sexual, leyes que han vuelto sex offenders a una gigantesca cantidad de ciudadanos (900 mil, si recuerdo bien). Leyes y jueces incluyen en esa categoría y dan trato social parejamente discriminatorio al violador y al acusado de cualquier trato o intento de trato sexual con un menor.

La discriminación del trato consiste en que las señas y la dirección del sexual offender está a disposición de todos los ciudadanos interesados, a fin de que los vecinos de cualquier barrio puedan saber cuántos sexual offenders hay en ese barrio y dónde viven.

En Los Ángeles, el sexual offender está obligado a poner un letrero en su ventana diciendo que ha sido procesado como tal.

El problema es que la mayoría de esos sexual offenders no tiene nada que ver con el abusador sistemático, el violador, el proxeneta o el pornógrafo infantil y juvenil, sino con gente que ha tenido o intentado tener, relaciones con un menor. O que las ha consentido.

Un caso notable citado por The Economist es el de una mamá que fue procesada por consentir que su hija, menor de edad, tuviera relaciones sexuales con su novio, también menor de edad, en su propia casa.

La pregunta, enorme, sigue ahí: ¿qué hacer con la sexualidad, consentida o activa, del menor en busca de placer con otro menor o con sus mayores?

La respuesta quizá no puede ser sino una: no hay que hacer nada, hay que dejarla ser. Pero apenas escribo esto me doy cuenta de que piso terrenos pantanosos, de que no hay respuestas sencillas, ni cortas, ni generalizables, para las buenas preguntas.