El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, sostuvo que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro se inscribe en “una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado” y aseguró que “no se puede atribuir al Sindicato Mexicano de Electricistas ser el causante de los problemas fundamentales que enfrenta la empresa.

“Algunos de los problemas de Luz y Fuerza del Centro fueron generados por el gobierno, al diferir la inversión pública de esa empresa”, agregó.

Rojas reafirmó el compromiso priista de modernizar y hacer más eficientes las empresas públicas, “sin que esto signifique estrategias deliberadas para su desprestigio y eventual privatización”.

Dejó muy claro que la decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro “es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo federal, por lo que éste debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación”.

Al fijar el posicionamiento de su fracción parlamentaria sobre la liquidación del referido organismo, el líder parlamentario del PRI convocó al gobierno federal, a los sindicatos y centrales obreras a respetar la ley y cumplir sus respectivas responsabilidades, pues la grave crisis económica y la delicada situación social no admiten confrontación o conflictos, sino actitudes serenas y entendimientos.

“Es indispensable señalar que las difíciles circunstancias en que se expide el decreto aconsejan evitar conflictos sociales y el uso de la fuerza pública, por lo cual se debe recurrir a medidas prudentes, (pues) la confrontación y el uso de la fuerza sólo pueden conducir a mayores problemas sociales”, alertó.

A contracorriente del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el senador Francisco Labastida afirmó que la disolución de Luz y Fuerza del Centro era inevitable, porque se combinó la crisis económica con una situación inviable de una empresa ineficiente, que incluso toleró robos de energía.

Secundó, sin embargo, el pronunciamiento de Francisco Rojas en cuanto a que el PRI no permitirá la privatización de la empresa.

Por su parte, el senador panista Rubén Camarillo dijo que Acción Nacional respalda totalmente la decisión presidencial y, aunque está abierto al diálogo, era hora de acabar con esta sangría al erario en la que el sindicato se acostumbró a los chantajes y el dispendio.

A su vez, el PRD en voz del senador Graco Ramírez reprobó la medida y anunció que presentará punto de acuerdo en el Senado en la sesión de mañana, para crear una comisión que vigile este conflicto e inclusive inicie la revisión del sector eléctrico, para determinar si procede un decreto que eche abajo el publicado por el Ejecutivo y se garantice que no habrá privatización de la empresa.