Sabotaje. Octubre de 2009. Foto: Jesús Quintanar

La subsistencia de Luz y Fuerza del Centro, “empresa en liquidación”, es la crónica de una vieja complicidad compartida. Nadie escapa de culpa; los gobiernos del PRI y del PAN, los partidos políticos, incluso, los usuarios del servicio, muchos de ellos beneficiarios del desorden, viles ladrones del fluido eléctrico; una tercera parte han decidido tener tal condición. La existencia de un sindicato que hace práctica cotidiana la extorsión a las autoridades y a las empresas, es evidencia de gobiernos cobardes y ciudadanos complacientes. El bandidaje es generalizado, la empresa y su sindicato son indefendibles.

Los mexicanos pueden contrastar empresas y gremios. No sólo es cuestión de estadísticas. El SME y la empresa son lo peor del sector paraestatal. Muchos empresarios en el Valle de México son testigos del vía crucis para contratar servicios y de la práctica generalizada de extorsión. La complacencia llega a los ciudadanos, pero tiene su explicación: frente a la falta de agua o la mala calidad de los servicios urbanos, la suspensión repetida del servicio eléctrico es parte del paisaje, mucho más si se acompaña del robo de electricidad. Pocos denuncian porque muchos se asumen ladrones en potencia.

La empresa es expresión clara del drama nacional. Lo peor no es el desproporcionado déficit subsidiado con recursos fiscales, el doble del presupuesto de la UNAM. Tampoco lo más grave es la corrupción gremial o la ilegalidad en la reelección de su dirigente sindical Martín Esparza. Lo más serio de Luz y Fuerza es el costo que representa una empresa ineficiente en extremo que tiene el monopolio en proveer electricidad al corazón del país, así como la escandalosa colusión social que implica la práctica generalizada del robo eléctrico: se estima en 32% las tomas ilegales. Una empresa propia de un país encumbrado en el desdén a la productividad y a la legalidad, regocijado de vivir en la trampa, un país estructuralmente negado al éxito, castigando a quienes cumplen y pagan; premiando a quien abusa.

El gobierno federal debe proceder a la liquidación de la empresa. Deben apoyarle el Congreso, los partidos, los gobernadores del centro del país y el sector empresarial. Ya ha habido intentos, no se han concretado porque no es una decisión fácil, implica riesgos y costos.

Frente a la amenaza que se cierne sobre sí mismo, el líder sindical ha intentado partidizar la decisión de autoridad en su contra. Es lamentable que algunos en el PRI le hagan el juego, como inexplicablemente lo ha hecho el diputado Ardelio Vargas, presidente de la comisión de Defensa Nacional, buen conocedor de los temas de seguridad nacional y, por lo mismo, consciente de lo que está de por medio. Es hora de dar el paso y el presidente Calderón debe contar con el respaldo para la decisión, incluso por aquellos con una mala opinión sobre su gobierno o desempeño.

Hasta el momento no se advierte claridad estratégica en el gobierno para ejecutar una decisión de tal seriedad. Bajo el tema de la ilegalidad de la reelección no se puede llegar a mucho, dado su carácter de conflicto intersindical. La situación cambiaría si el problema escalara y los desafectos de la legalidad se impusieran o insistieran en la extorsión. Por ello sorprenden las declaraciones torpes y medrosas del coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero; si así ocurre con los de casa, ¿qué se puede esperar de la oposición? El sector sindical institucional ha sido más cauto, seguramente porque saben lo que impera en el SME. Incluso en el PRD y otros gremios de la izquierda ha habido reservas para darle su aval incondicional al dirigente Martín Esparza. Parte importante de la opinión pública crítica al gobierno, sin ambages, ha rechazado la postura del dirigente del SME en cuestión.

Son muchas las decisiones fundamentales que se han pospuesto por el temor a la resistencia de los afectados y un eventual rechazo del público expectante. En un genuino interés nacional, si es el caso, la acción del gobierno debe ser exitosa. Para ello lo importante es separar la eficacia de la decisión de concluir con la empresa, respecto a la popularidad de tal determinación. Asimismo, deben estar preparados para que el conflicto y la resistencia desborde la legalidad. Lo más importante es garantizar el abasto del servicio eléctrico a la población y sancionar el sabotaje con todo el rigor de la ley.

El paso a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro es un desafío mayor para el gobierno del presidente Calderón; por lo que representa y va de por medio, también lo es para el resto de los mexicanos.