El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal entregó su paquete económico 2010, fundamentalmente una propuesta recesiva que aumenta los impuestos sobre la renta y a los depósitos en efectivo, además de agregar un impuesto generalizado del 2% al consumo, un IVA disfrazado. Todo ello significará necesariamente mayor recesión, menos inversión, menos empleo y más inflación. Como si la sociedad mexicana careciera de memoria histórica se nos propone “un paquete económico para combatir la pobreza”, cuando hace apenas dos años, en el 2007, se nos insistió en “una reforma fiscal para los que menos tienen”, justificando con ello la creación del IETU.

Grandes cambios se han presentado en el discurso oficial, en contraste con las estrategias y programas que se mantienen. Hace dos años el secretario de Hacienda se refirió a la crisis como un leve “catarrito” y ahora se habla de la peor crisis de los últimos 30 años; hace un año se negó la crisis alimentaria y ahora, en cuanto pasaron las elecciones, se dan datos alarmantes. Según el relator del Derecho a la Alimentación de la ONU la pobreza en México aumentó en seis millones de personas; la FAO considera que el número de individuos con hambre en el mundo subirá a 1,070 millones; el Fondo Monetario Internacional opina que México es el país con peor desempeño en su política económica.

Alarmante dependencia alimentaria

Por primera vez en la historia, en 2008 el valor de las importaciones de alimentos rebasó al de las divisas enviadas por nuestros migrantes y se erosionó en tal magnitud nuestra capacidad productiva de alimentos que, según la Auditoría General de la Federación, importamos 46% de lo que consumimos.

Tal es nuestra dependencia alimentaria que al inicio del periodo neoliberal, en 1982, importábamos sólo 2,755 millones de dólares en alimentos, para el 2005 ascendimos a 14,404 mdd y en 2008 llegamos a los 23,250 mdd. En lo que va de esta administración hemos aumentado en más de 10,000 mdd nuestras importaciones, 61% en sólo tres años. Algunos podrán argumentar que también crecieron las exportaciones; al respecto, el déficit de la balanza comercial creció de 2,663 mdd a 6,873 mdd en el mismo periodo, se triplicó. En términos concretos ahora importamos 95% de la soya que consumimos, 80% del arroz, 56% del trigo, 33% del maíz, igual porcentaje del frijol, 40% de la carne y tenemos el nada honroso primer lugar como importador de leche en polvo. Una política económica apropiada debería buscar reducir la alarmante dependencia alimentaria.

El proyecto de Presupuesto Rural

El Programa Especial Concurrente para el Sector Rural en el 2010 se caracteriza por fuertes reducciones en el gasto productivo que ascienden a más de 19,550 mdp, mientras que los programas asistenciales como Oportunidades y el Seguro Popular se incrementan en 20,207 mdp. Con ello el gobierno federal pretender dar la impresión de conservar en términos reales el presupuesto rural.

A continuación observamos los programas con mayores reducciones y su claro carácter de apoyo productivo, así como los incrementos a los programas asistenciales. Se observa que la Sagarpa reducirá en 10,175 mdp su presupuesto destinado al campo, mientras la Secretaría de Hacienda lo hará en 2,259 mdp. En contraste, la Sedeso incrementará su monto desinado al sector rural en 12,216 mdp y la Secretaría de Salud en 4,271 mdp.

Una propuesta alternativa de Presupuesto Rural

Un presupuesto rural que fomente el empleo, reduzca la dependencia alimentaria y la pobreza rural, debe ser el propósito central del PEC 2010, con los siguientes ejes:

1.- Fomentar el empleo, por ello se debe de incrementar el Programa de Empleo Temporal en 1,000 mdp.

2.- Mantener el presupuesto rural igual, al menos en términos reales, al del 2009.

3.- Que el gasto productivo sea mayor que el gasto asistencial.

4.- Reducir la dependencia alimentaria al menos 30% para el próximo año, como un propósito claro y medible, para lo cual deben incrementarse los recursos y reorientarse los programas hacia la producción de autoconsumo y la seguridad alimentaria, en particular:

a) Hacer efectiva la seguridad y soberanía alimentaria expresada en el capitulo XIII de la ley de Desarrollo Rural Sustentable, dar prioridad a la producción nacional y a los 11 productos básicos y estratégicos.

b) Convertir al Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) en el programa eje para reducir la incidencia del hambre, asignarle 4,500 mdp, federalizarlo y hacer que se implemente vía las organizaciones de productores.

c) Garantizar la producción regional y local de alimentos.

d) Respaldar que los programas alimentarios sean abastecidos por la producción social, incorporar mecanismos directos de atención a la pobreza alimentaria, la obesidad y la desnutrición, tales como los desayunos escolares, los comedores populares y los sistemas de abasto rural.