No es que un tribunal haya revocado la sentencia de otro. No. Es que las decisiones consecutivas del Instituto Electoral del DF y el Tribunal Electoral capitalino en los casos de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa fueron una atrocidad. Por eso, si existiera el decoro, siete funcionarios tendrían que renunciar a sus cargos hoy mismo.

Los consejeros del Instituto:

Claudia Zavala (presidenta),

Yolanda León,

Gustavo Anzaldo, y

Néstor Vargas.

Y los magistrados del Tribunal:

Adolfo Riva Palacio (presidente),

Alejandro Delint, y

Darío Velasco.

Son los siete que votaron para que los candidatos de oposición en el perredista Distrito Federal, los panistas Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, que ganaron con ventajas de seis y ocho puntos, respectivamente, perdieran en la mesa por “rebasar los topes de campaña”. Para ello sumaron facturas inexistentes y prorratearon gastos con una arbitrariedad pocas veces vista, incluso en el país de la arbitrariedad. Atroz.

No hay sorpresa, pues, en la resolución expedita y unánime del Tribunal Federal Electoral que revocó la decisión de los siete con estos argumentos: violaron los principios de legalidad, seguridad jurídica y condiciones de la investigación; no respetaron los plazos, requirieron información no prevista, en fin: el desaseo total.

Siete que insultaron a un electorado que votó claramente por Sodi y Orvañanos. Y que agredieron el sentido común. Una indecencia. ¿Qué credibilidad, qué imagen tienen ahora Zavala, León, Anzaldo, Vargas, Riva Palacio, Delint y Velasco? ¿Algo más que marionetas de Marcelo Ebrard?

Por decoro, tendrían que irse. Pero el decoro, lo hemos confirmado una y otra vez, no es moneda de curso en la política mexicana.