Foto: René Soto

Hace un montón de años leí un reportaje sobre los Ferrocarriles Nacionales de Japón (FNJ). La corporación, propiedad del Estado, tenía un déficit astronómico en 1987: ni más ni menos que 280 mil millones de dólares, al tipo de cambio de aquella época (esta cifra absolutamente colosal nos da una idea de las dimensiones de la economía japonesa; aquí, la deuda externa de todo un país, ese México que López Portillo llevó alegremente a la bancarrota luego de administrar “la abundancia”, fue de algo así como 80 mil millones de billetes verdes, menos de la tercera parte de los números rojos de una mera empresa ferrocarrilera).

Entre otras cosas, FNJ había servido de empleador para los miles de soldados desmovilizados luego de la Segunda Guerra Mundial. El asunto, sin embargo, es que, en sus momentos más complicados, por cada 100 yenes que ganaba, la empresa estatal gastaba 147. FNJ terminó por ser privatizada por la Dieta, el Parlamento bicameral japonés, y devino simplemente en Ferrocarriles Japoneses, una corporación que, dividida en seis compañías regionales, opera actualmente el 70 por cien de la red ferroviaria del Japón. Supongo que el supremo Gobierno japonés encontró la manera de seguir pagando las pensiones de esos miles de trabajadores excedentes que, en su momento, debían ser provistos de empleos por razones estrictamente “sociales”.

He aquí la primera reflexión que podemos hacer sobre el tema: hoy día, lo “social”, justamente, no goza de buena prensa. Lo Gobiernos, sin que les tiemble la mano, recortan plazas y suprimen programas. Las explicaciones son de irrebatible contundencia: para empezar, el sector público no tiene plata propia sino que maneja los dineros que le entregan los contribuyentes —esos ciudadanos que, con el sudor de su frente, montan un negocito, promueven una empresa familiar o venden mercaderías y, de tal manera, crean riqueza real—. En segundo lugar, resulta que el Gobierno es un pésimo administrador: como los recursos que maneja no son de él sino que le han sido confiados por sus súbditos, no le importa administrarlos de manera irresponsable y dispendiosa (es algo así como el poco cuidado que el cliente le dedica a un coche rentado en oposición a los infinitos esmeros que le merece su auto particular). Por lo tanto, siendo esa transferencia una especie de decomiso de dinero bueno para aplicarlo de manera flagrantemente improductiva, se supone que es muy perjudicial para la economía de una nación. Hasta aquí, puesta de manera muy esquemática, la razón de ser del antiestatismo como doctrina imperante y de los principios del liberalismo económico como solución a los males de las sociedades.

Nos hemos enterado, en días recientes, que nuestro Gobierno, al comprobar que tiene los bolsillos vacíos, ha decidido exterminar un par de secretarías. La medida es un tanto dolorosa pero, curiosamente, el ahorro, según dicen algunos entendidos, es mínimo. Con todo, 10 mil empleados se quedarán en la calle. Nuevamente, aparece el elemento “social” del asunto. Esa gente ¿encontrará trabajo en el mercado? No lo creo. Y es aquí donde, precisamente, nos podemos preguntar, a pesar de todo lo demás, sobre la función de empleador universal que tiene el Gobierno en un país donde, paradójicamente, ese propio Gobierno significa un estorbo (casi tan universal) para los individuos emprendedores que quieren hacer negocios. México, ya los sabemos, es el paraíso de la tramitología y de la obstrucción administrativa. Pero, a la vez, es la tierra prometida de las chambas en el sector público. Para mayores señas, ¿saben ustedes cuántos “empleados de confianza” trabajan en la alcaldía de Ciudad Neza? Agárrense de las manos, lectores: 6 mil quinientos. O, por lo menos, ésa era la cifra que daba el diario El Universal.

Vivimos así en el peor de los mundos: nuestro Gobierno, estorboso e ineficiente, es, al mismo tiempo, una gran bolsa de trabajo para millones de mexicanos. La economía “real”, por su parte, no logra crear los empleos que el país necesita porque la clase política, de una espeluznante cortedad de miras y de una mezquindad escandalosa, no ha querido emprender las reformas para que México sea una nación justa y moderna. Pero, ahora resulta que papá Gobierno, encima, va a comenzar a echar a la calle a sus trabajadores. Díganme ustedes, ¿dónde está el valiente que va a romper este aterrador círculo vicioso?