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Carlos Ahumada es considerado prófugo de la justicia, luego de que un juez libró una orden de aprehensión en su contra por desacato judicial. La razón es que incumplió con el pago de 21.2 millones de pesos como reparación del daño por un fraude cometido contra la delegación Gustavo A. Madero.

Lo anterior pese a que el empresario de origen argentino publicó en días recientes un desplegado en el que asegura que el delito que se le imputa ya prescribió y que la PGJDF le debe una disculpa por el maltrato recibido durante su proceso judicial.

De acuerdo con el juzgador del caso, no ha prescrito la reparación del daño ni la pena privativa de libertad impuesta a Ahumada. La fecha para que el empresario pagara la reparación del daño venció el pasado 28 de agosto pasado y ese mismo día el juzgado 12 de lo penal giró la orden de reaprehensión.

Autoridades de la procuraduría capitalina explicaron que una vez que se notificó el mandamiento judicial se procedió a la búsqueda de Ahumada “por todos los medios”, incluida una solicitud de colaboración a Interpol —a través de PGR y la cancillería mexicana— para que sea buscado en todo el mundo.

En días pasados, al darse a conocer la notificación que se le hizo al empresario para que cubriera el citado adeudo, éste emitió la misiva en la que aseguró que se encontraba en Argentina atendiendo “asuntos empresariales”.

Insistió en que había prescrito el fraude que presuntamente cometió en perjuicio del erario de la delegación Gustavo A. Madero. Igualmente, dijo que se extinguió la posibilidad de imponerle multas, encarcelarlo o cobrarle reparación del daño.

También desestimó la notificación del juzgado 14 de distrito que le citaba a comparecer y pagar alrededor de 21 millones de pesos a más tardar el pasado viernes, so pena de expedir una orden de reaprehensión en su contra.

Sin embargo, sostuvo que se presentaría ante instancias judiciales de México “con el único fin de dar por terminado el proceso”. Hasta el cierre de la edición no se había presentado ante la autoridad judicial, por lo que incurrió en un desacato judicial.

Tras los llamados videoescándalos, Ahumada fue detenido en abril de 2004 y encarcelado durante tres años y cinco meses en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.

El juez de la causa lo exoneró, pero la decisión fue apelada por la procuraduría capitalina. Entonces, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del DF modificó la sentencia y le impuso una pena de cinco años de prisión, además de la reparación del daño. Aunque interpuso un amparo, éste le fue negado y la sentencia quedó firme.