La matanza de Acteal, en el municipio chiapaneco de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, fue cometida la mañana del 22 de diciembre de 1997. En respuesta al escándalo por la atrocidad del hecho, el gobierno federal atrajo la investigación el 24 de diciembre de 1997.

El mismo 24, sin orden de aprehensión, con la única referencia de un supuesto testigo de los hechos, la PGR se presentó en la comunidad de Los Chorros, cuya rivalidad con las víctimas era bien conocida en la región, y detuvo a 18 responsables con el subterfugio de invitarlos a venir a declarar en calidad de testigos.

Ese mismo día detuvo a otros 24. De la siguiente manera: mientras el cortejo fúnebre de los deudos de Acteal marchaba por la carretera, una camioneta de redilas llevaba a la cabecera del municipio de Chenalhó a distintos personajes de las comunidades, convocados por el alcalde para una reunión.

Eran todos antizapatistas, del bando contrario a los dolientes. La camioneta fue obstruida en su paso por el cortejo, al que por razones de seguridad vigilaban agentes de la Procuraduría General de la República. Unas mujeres gritaron, señalando a los que viajaban en la camioneta: “Ellos son los asesinos. Ellos son”. La PGR detuvo a 24 viajantes, sin más prueba que el señalamiento de los deudos del cortejo.

El 28 de diciembre, grupos de simpatizantes zapatistas del municipio de Polhó, detuvieron en su comunidad a otros seis presuntos responsables de la matanza, a los que el Ministerio Público aceptó como tales y los mandó a prisión.

Con estos 48 detenidos en tres días, la PGR calmó el clamor público, pero no cumplió con ninguno de los pasos legales a que estaba obligada: integrar una averiguación, obtener una orden de aprehensión, detener y consignar al detenido. Tenía prisa política: detuvo a granel por acusaciones hechas a granel.

La siguiente redada de detenidos fue en marzo de 1998, cuando el presidente municipal de Chenalhó pidió a distintos miembros de las comunidades que fueran a declarar a Tuxtla como testigos. Le habían prometido que todo se iba a esclarecer y que liberarían a sus compañeros.

De los invitados a declarar aceptaron 48. La PGR proporcionó un camión y los llevó al hotel Safari de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde pasaron un día “arraigados”, transcurrido el cual los llevaron directamente al penal de Cerro Hueco, sin pasar por el Ministerio Público.

La sola forma de las detenciones bastaría para invalidar el proceso en cualquier sistema judicial que se respete. Pero no ha sido así en el caso Acteal: casi todos los detenidos de entonces siguen presos, 12 años después.

(Mañana: El primer testigo de Acteal)