El Ejército ataca “para lavar su imagen”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la semana pasada, en respuesta a la crítica del director de los Derechos Humanos del Ejército. (MILENIO, 24/7/09). El militar aludido podría responder que el ombudsman ataca al Ejército para lo mismo: mejorar su imagen. Los dos podrían tener razón.

El Ejército empieza a pagar en imagen algo de la exhibición pública a que lo obliga su despliegue contra el narco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no goza del mayor prestigio público que pueda desearse.

Pero esa es precisamente la discusión que no necesitamos para aclarar el tema de las violaciones de los derechos humanos por el Ejército.

El director militar de derechos humanos dice en su alegato una verdad como un muro: los narcotraficantes y sus abogados usan a la CNDH como un instrumento de contención y desprestigio del Ejército. (MILENIO, 23/7/09).

De hecho, usan como escudo esas quejas desde los tiempos de la Operación Cóndor, en los años setenta, antes de que existiera la CNDH. Al punto de que abogados de narcotraficantes llegaron a formar sus propias comisiones de derechos humanos para mantener activo ese frente

El presidente de la CNDH no puede evitar que esto suceda, pero no puede negar que sucede, y una mirada más maliciosa a sus quejosos ayudaría a reducir el abuso de la buena fe a que la institución está obligada.

Los números hablan: en los últimos 20 años la CNDH ha recibido 6 mil quejas contra el Ejército, pero ha emitido sólo 67 recomendaciones, de las cuales, asegura el militar encargado de los derechos humanos, se han cumplido la mitad.

¿Esto es mucho o poco? Las quejas desde luego son muchísimas, pero el número de sólo 67 recomendaciones indica que en su abrumadora mayoría las denuncias fueron infundadas o menores.

Más allá de los números, está el problema de fondo, el problema de la justicia militar. México tiene una vieja contradicción constitucional en materia de fuero militar. Es el único fuero que se conserva en una constitución donde los ciudadanos son iguales ante la ley y juzgados por los mismos tribunales.

Los tribunales militares son un mundo aparte. Recientemente la organización Humans Rights Watch hizo un tiro hacia ese mundo supuestamente probando con sus investigaciones que lo típico de esos tribunales es no castigar o castigar con benevolencia a los miembros de la institución.

El Ejército debería ser incorporado plenamente a la vida pública, al disfrute de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones que rigen a todos los mexicanos: ni fueros ni restricciones.