Los procesos especiales sancionadores deben ser responsabilidad del Tribunal Electoral. Foto: Claudia Guadarrama / Archivo

En los dos días previos he comentado sobre los méritos y deficiencias de la reforma electoral de 2007. Hoy paso a propuestas concretas de qué se debe cambiar.

1 Mantener el principio de acceso gratuito de los partidos a los medios electrónicos, pero modificar el modelo de asignación. En lugar de asignar 23 millones de spots de 30 segundos, caminar en tres vertientes. Uno, disminuir el volumen de tiempos oficiales que sólo causa hartazgo, no genera audiencia y despilfarra un bien público –esos tiempos pueden ser usados en mejores fines. Dos, fusionar los espacios de 30 segundos en franjas informativas de 5, 10 o 15 minutos que propicien el debate directo entre candidatos. Esos debates podrían ocurrir durante las dos o tres semanas previas a la jornada. Tres, mantener un volumen reducido de spots gratuitos pero asignarlos mediante un sistema de subasta que permita a los partidos, mediante vouchers otorgados por el IFE, pujar por los espacios y tiempo más eficaces para sus fines. Ojo, los partidos buscan rating, no minutos. Un sistema de subasta permitiría tres cosas. Uno, mantener el principio de acceso gratuito. Dos, permitir que los partidos obtengan los espacios más útiles para sus campañas. Y tres, evitar el despilfarro de minutos aire sin impacto y que pueden ser aprovechados por otras instancias del Estado mexicano.

2 Remover toda restricción a la libertad de expresión de candidatos y partidos. Debemos despejar cualquier actitud que trate a los ciudadanos como infantes sin capacidad para procesar lo que ven y escuchan. El electorado mexicano es maduro y puede filtrar la información que recibe y usarla para decidir su voto. Las campañas de ataque y cuestionamiento duro deben ser un recurso de los partidos, al igual que las propuestas e incluso las promesas irrealizables que tanto abundaron en esta temporada electoral. Si los partidos se exceden y mienten, los electores podrán castigarlos. Si el ataque es verídico, bienvenido. Los votantes se informan y la impunidad se combate. Pero es insostenible el argumento de que las campañas negativas envilecen la democracia. Lo que denigra a la política es la impunidad, el cinismo y la corrupción. Si esos males se ventilan, por incómodo que sea, eso favorece la democracia.

3 Establecer un mecanismo que permita que ciudadanos sin partido tengan la libertad para expresar sus opiniones políticas en medios electrónicos, aunque con límites, para evitar que sean determinantes en los resultados de las elecciones. Como lo comenté en los artículos anteriores, uno de los retrocesos de la reforma de 2007 consiste en establecer un sesgo contra la expresión de quienes no son parte de un partido político bajo el argumento de que se genera inequidad. Pero con la nueva ley hay una brecha creciente entre la capacidad de decir y cuestionar de un candidato y del resto de la sociedad. Debemos evitar que el dinero defina a ganadores y perdedores, pero en aras de ese fin no podemos ni debemos callar a grupos ciudadanos que también desean expresarse, más allá de los partidos y por fuera de ellos.

Una vía para garantizar un principio (libertad de expresión) y evitar que afecte de manera determinante a otro (equidad) sería prohibir que semanas antes de la jornada electoral haya publicidad de particulares, pero sobre todo, que quienes adquieran spots políticos deban tener una obligación de transparencia absoluta para saber quién paga, cuánto paga y la identidad de sus promotores. Debemos aspirar por una sociedad abierta en donde todos puedan decir lo que piensan. No es válido callar a los empresarios, como tampoco lo sería callar a las madres contra la violencia familiar o a los mormones que quieran denunciar al crimen organizado. Es cierto que hay un problema de recursos desiguales, pero es posible encontrar mecanismos que moderen las brechas. Tratándose de anuncios “políticos” pagados por particulares, los medios electrónicos estarían obligados a una práctica de apertura total —información sobre el contrato, la tarifa y la pauta de transmisión.

4 Transferir la responsabilidad de desahogar los procedimientos especiales sancionadores del IFE al Tribunal Electoral. Me parece que el enfoque sobrerregulatorio y sancionatorio de la reforma de 2007 es equivocado. Y aún más, el IFE no debe ser la autoridad que adopte el papel de Ministerio Público y juez durante las campañas. De acuerdo con el código electoral, el IFE tiene facultades de sanción sobre partidos, medios de comunicación, empresarios, iglesias y particulares, entre otros. Eso coloca al IFE en la controversia constante y lo convierte en el enemigo natural de todos. Asimismo, desvía la atención del instituto y sus consejeros y estira la capacidad organizacional al máximo. En este proceso electoral el IFE sesionó muchas veces más que en 2006, tratándose aquella de una elección presidencial –en ocasiones varias veces a la semana.

Los reguladores electorales se equivocaron al pensar que una autoridad con más dientes es una autoridad más fuerte. En el caso del IFE puede operar lo contrario. Una autoridad electoral que debe regular desde la distribución y monitoreo de spots, el contenido de la propaganda, la organización electoral, la promoción del voto y la educación cívica, y que debe sancionar a todos aquellos que infrinjan alguna disposición, quizá acabe siendo una autoridad más vulnerable.

Vulnerable porque los partidos usan estratégicamente la ley y denuestan al árbitro cuando no les da la razón. Vulnerable porque el propio Tribunal Electoral entró en conflicto con el IFE en los meses previos. Y en medio, el IFE litiga de manera permanente dando la razón a unos y causando el encono de otros.

5 Eliminar la facultad de la Cámara de Diputados para nombrar al contralor del IFE. Esa figura es potencialmente dañina porque los partidos siempre buscan presionar a la autoridad. Ya ocurrió en 1999, cuando varios consejeros denunciaron que el entonces contralor, Carlos Muñoz Villalobos, cercano al PRI, había destituido al entonces consejero Jesús Cantú como reprimenda por sus críticas a ese partido. La respuesta del IFE en aquel año fue destituir al contralor pero se causó un enorme conflicto interno.

No existe en México o el mundo ningún organismo autónomo cuyo contralor sea designado por los partidos o por los entes regulados. Si fuera tan sano y benéfico, ¿por qué no se han reformado las leyes a fin de que también los partidos nombren a los contralores de la Corte, del Banco de México, de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por qué solo el IFE tiene esa figura que afecta su autonomía?

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Pero más allá de los aspectos específicos que he mencionado, lo más importante es modificar el enfoque. La mejor regulación en materia comercial, económica o electoral, son pocas reglas que tengan un efecto global. Entre más restricciones, más contrabando. Los economistas setenteros lo saben bien. No les gustaba la inflación e impusieron controles de precios. El resultado fue la escasez. Tampoco les gustaban las devaluaciones. Genios como se creían, pensaron que los controles de cambios eran la solución y sólo causaron más debilidad de la moneda y mercados negros.

Los diseñadores de la reforma de 2007 piensan como economistas setenteros. Prohibiciones y más prohibiciones para modificar la realidad. Sólo la han empeorado sin atacar los problemas de fondo.

* Catedrático del ITAM. Fue consejero
presidente del IFE en 2003-2007.