Es urgente que los cambios se realicen, dicen especialistas. Foto: Claudia Guadarrama / Archivo

El país corre el riesgo de perder escaños en los índices de competitividad de no llevarse a cabo la reforma laboral, coincidieron expertos.

“La reforma laboral es urgente, el año pasado se dejó ir esa oportunidad y corremos el riesgo de tener un sexenio más sin estos cambios fundamentales, lo que implicaría una caída dramática en los índices de competitividad y un incremento en el desempleo”, señaló el especialista en materia laboral, Jorge Sales Boyoli.

El socio fundador del bufete Sales Boyoli, consideró que se debe flexibilizar la forma de contratación así como las de despido, además de regular el teletrabajo y los regímenes de tercerización o de outsourcing.

Mónica Flores, miembro del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), dijo que la flexibilidad laboral es una herramienta para elevar la competitividad, pues esto ha propiciado el crecimiento de un mercado laboral informal, donde hay cerca de 27 millones de trabajadores.

“En la medida en que se haga más fácil la contratación y se modulen las plantillas laborales, las empresas estarán más preparadas para responder al mercado, aunque se requiere trabajar en aspectos de preparación, educación, tecnología e infraestructura”, mencionó.

Por su parte, Patricia González, socia Price WaterHouse Coopers, explicó que la nueva legislatura discutirá en primer lugar la reforma fiscal integral, por lo que el tema laboral se diferirá hasta 2010.

Detalló que la reforma laboral es prioritaria para mejorar al país y hacerlo más competitivo, además de que esta serviría como complemento de una recaudación oportuna.

“El país tiene un problema muy serio de recaudación y que la pandemia terminó de abrir un hueco muy importante en las finanzas. Uno de los puntos más criticados es que no se amplia la base de contribuyentes, principalmente en la informalidad”.

A su vez, el presidente de la AMECH, Thierry Gonnet, explicó que bajo el esquema de tercerización buscan promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social en el sector.

“La tercerización ofrece oportunidades flexibles de empleo que se adapta a las necesidades de diversos sectores, además, les permite trabajar de manera formal con un patrón debidamente establecido, lo que les da derecho a seguridad social y demás beneficios que por ley le corresponden”, indicó Gonnet.

Jorge Sales advirtió que la tercerización “no es ilegal y se le reconoce un valor específico en el ámbito de la competitividad en el ahorro de costos y de la globalización”.