Guillermo I. Ortiz Mayagoitia dictó una conferencia a la que sólo asistieron mandos del Ejército y la Marina. Foto: René Soto

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagotia, reconoció ante mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que el crimen organizado ha amenazado a varios jueces federales por las sentencias que han dictado.

Sin embargo, dejó claro que los impartidores de justicia no han sucumbido, pues son conscientes de la función que desempeñan y han decidido afrontar ese riesgo.

Tras dictar una conferencia magistral en el Colegio de Defensa Nacional, a la que sólo asistieron generales del Ejército mexicano, almirantes y contralmirantes, el ministro señaló:

“Sí existen estas manifestaciones de daño en la persona del juez dependiendo el sentido de la resolución, pero uno de los aspectos fundamentales es que el deber jurisdiccional se tiene que ejercer aceptando los riesgos consecuentes a la función.

“En mi impresión personal, creo que no hay jueces federales que por temor a las represiones que pudieran surgirles estén dictando sentencias a favor de delincuentes”.

Asimismo, se refirió a las miles de demanda de garantías que han llegado a la SCJN como ha sido en el caso de las reformas a la Ley del ISSSTE, por lo que dijo que en el país sí es posible configurar una demanda colectiva de amparo, para resolver juicios multitudinarios.

“Esta experiencia es la que me permite asegurar que no solamente es factible, sino conveniente establecer la posibilidad del amparo colectivo. Cuando en un casi concreto de amparo contra leyes aparece un x número de asuntos, mil dos mil o los que se quieran señalar, se les puede dar un trámite de amparo colectivo, y que la decisión de la Corte siendo una sola sirva para resolver todos los juicios”, expresó.

El ministro Ortiz Mayagoitia también planteó modificaciones para hacer más accesible las acciones de constitucionalidad.

“En la agenda integral para la reforma judicial se ha planteado la conveniencia de ampliar el estado de instituciones legitimadas para acceder a estas acciones de inconstitucionalidad. El 33 por ciento requeridos para los órganos parlamentarios podría ser menor para dar mayor protección a las minorías que difícilmente alcanzan tales porcentajes”, expresó.

Es de mencionar que en marzo pasado, el consejero de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, demandó a los jueces y magistrados del país a rechazar con energía la tentación del bienestar inmediato que ofrece la delincuencia, a través de la corrupción y el dinero fácil, por ello los exhortó a que se atengan siempre a los ingresos que la Constitución les garantiza.

Durante la toma de protesta a 22 nuevos impartidores de justicia federal, acto que se celebró en la SCJN, el consejero también pidió a los juzgadores a que se cuiden de los enemigos que se disfrazan de amigos interesados.

“…como recomendación de un amigo y compañero magistrado, les pido que se prevengan y rechacen con energía la tentación del bienestar inmediato, que no duden en renunciar a la corrupción del dinero fácil y se atengan siempre a los legítimos ingresos que la Constitución les garantiza.

“Les pido, también, que se cuiden de la corrupción de los enemigos disfrazados de amigos interesados, no caigan en la vana corrupción de la fama transitoria, ni se sometan nunca a la corrupción del poderoso o a las intimidaciones de los delincuentes, les pido también, que enfrenten con valentía, conocimiento, inteligencia pero sobre todo, con libertad la gran y difícil tarea de juzgadores federales, que desde hoy, ustedes encarnan”, expresó.

Claves

Sin temores

• Hace unos meses el Poder Judicial de la Federación convocó a jueces y magistrados del país, no sólo a los del orden federal sino también del ámbito común, a no tener miedo a impartir justicia en estos tiempos difíciles, pues de lo contrario ningún ciudadano podrá dormir tranquilo.

• En voz de la magistrada y consejera de la Judicatura Federal, Elvia Díaz de León, recordó a los juzgadores que su principal cualidad es la independencia para actuar frente a influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social.