El Congreso del Estado está obligado a llevar a cabo una exhaustiva investigación de lo ocurrido con los créditos para la planta tratadora

A finales de la administración de Jorge Zermeño y siendo titular del SIMAS Juan José Gómez Hernández, en 1999, se decidió la construcción de la planta tratadora de aguas residuales.

Como el organismo operador no contaba con los recursos suficientes para emprender la obra, se realizó un contrato privado entre el SIMAS y la empresa Ecoagua, dependiente a su vez de Met-Mex Peñoles, en el que ésta última aportaba 178 millones 947 mil pesos para la construcción de la planta tratadora.

Esta cantidad se dividió en 93 millones 448 mil pesos de inversión financiada y en 85 millones 499 mil pesos en inversión de riesgo, y los intereses de ambas se pactaron a una tasa de 22.75 por ciento anual que -se nos dice- era por entonces la que imperaba en el mercado financiero.

Adicionalmente hubo aportaciones adicionales de Finfra-Banobras por 73 millones 984 mil pesos, y de la Comisión Nacional del Agua -CNA- por 17 millones 728 mil pesos.

La inversión total para la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, que ha terminado por ser un elefante blanco para el Simas dado que no obtiene ganancias por la venta de las aguas tratadas o aguas grises, ascendió a 270 millones 659 mil pesos, que es sin duda la inversión más importante realizada en la historia del organismo operador.

Ocurre, sin embargo, que las condiciones en las que se suscribieron los créditos resultaron tan onerosas, que de acuerdo a un estudio del Banco Nacional de obras y Servicios Públicos -Banobras- SNC de agosto del año pasado, a Julio de 2008 por la inversión financiada y de riesgo el SIMAS había pagado a la empresa Ecoagua 176 millones 667 mil pesos, pero de ésta cantidad el 10.1 por ciento, es decir 17 millones 961 mil pesos, había sido abono a capital y el 90 por ciento restante (89.9 por ciento, para ser precisos), es decir !158 millones 705 mil pesos! había sido de pago de intereses. Es decir, por las condiciones en que se suscribió el contrato el Simas, o sea el municipio de Torreón, había pagado a lo largo de 9 años -de 1999 al 2008- el insignificante 10 por ciento de los 178 millones 947 mil pesos aportados por Ecoagua o sea Peñoles.

Lo menos que puede decirse del susodicho contrato es que resultó absolutamente leonino para los intereses de la paramunicipal y en última instancia de los torreonenses.

Pero hay más, ocurre que a mediados de la administración de Guillermo Anaya los intereses comenzaron a bajar de manera significativa, sin embargo ni él ni el entonces gerente de la paramunicipal, Fernando Alatorre Dressel, ni tampoco los integrantes del Consejo del Simas, en el que están representados numerosos organismos de la iniciativa privada -Canacintra, Coparmex, Canaco, etc- solicitaron la renegociación de los créditos con base en la reducción de las tasas.

Y cabe señalar que esa situación -absolutamente anómala para los intereses de la ciudad- continuó -y continúa- en la administración de José Ángel Pérez y del gerente Alberto Díaz de León, quien dicho sea de paso gana más que el propio alcalde. Nadie ha movido un dedo en el municipio ni en el SIMAS para frenar esa enorme sangría de recursos, pues ocurre que a julio de 2008 faltaban por pagar nada menos que !600 millones 992 mil pesos! hasta el año !2021!:

160 millones 985 mil pesos por concepto de abono a capital y !440 millones 6 mil pesos de puros intereses!. No ha habido peor negocio en la historia de la ciudad que éste, pues supera con creces el fiasco de la construcción del DVR.

Y evidentemente no ha habido mejor negocio para Ecoagua.

¿Por qué nadie ha dicho -ni hecho- nada, ni en el SIMAS ni en el Ayuntamiento (el anterior y el actual) para detener esta criminal sangría de recursos?, ¿Por qué los señores consejeros de la paramunicipal se han quedado callados!durante años! ante esta desastrosa situación, que en buen romance no puede menos que calificarse de brutal atraco a los intereses de la ciudad y sus habitantes?

Claramente, hay responsabilidades jurídicas y políticas muy concretas en este asunto, que involucran directa y personalmente al alcalde Pérez Hernández y al gerente del SIMAS, Alberto Díaz de León.

El Congreso del Estado está obligado a llevar a cabo una exhaustiva investigación de lo ocurrido con los créditos para la planta tratadora, a fin de deslindar responsabilidades, pues no se vale que se hayan dilapidado de manera tan escandalosa tantos y tantos recursos; recursos que pertenecen a la ciudad y a sus habitantes.