Hay una relación estrechísima entre inseguridad y deshonestidad. Un país corrompido es también un país inseguro. La justicia se sustenta en la certeza pero no puede haber certidumbre cuando no hay honradez. En México, los enemigos del Estado son parte del Estado. Cada vez que un juez se sirve de legalismos para impedir que un peligroso narcotraficante purgue su pena en una cárcel de alta seguridad, el país entero se vuelve más vulnerable; cada vez que un policía delata a sus compañeros, se debilita toda la sociedad; cada vez que un agente del Ministerio Público solicita una mordida para agilizar un proceso legal, se rompe el Estado de derecho. Si lo propios encargados de impartir justicia trabajan para quienes quebrantan las leyes, entonces el ciudadano de a pie se encuentra en el más grande de los desamparos. Y, en efecto, así nos sentimos: desprotegidos e indefensos, sentenciados a depender exclusivamente de la suerte y del azar porque no podemos contar con las instituciones.

La escandalosa ineficacia del aparato de justicia de este país es un cáncer que no se cura con ejércitos ni con fuerzas de elite ni con comandos especiales. Hemos visto, justamente, el descontento de oficiales y combatientes de nuestras Fuerzas Armadas cuando, luego de haber consumado arriesgadas operaciones para detener a secuestradores y narcotraficantes, se encuentran con que los criminales salen tranquilamente a la calle porque el juez no tiene “pruebas suficientes” o, peor aún, porque exigía el testimonio directo de los participantes en la acción siendo que el anonimato es casi una cuestión de vida o muerte en estas circunstancias. Esta frustración la han padecido también muchos policías valientes y honrados al ver que sus sacrificios no han servido de nada porque al asesino que lograron detener le dictan una sentencia mínima o sale libre bajo fianza.

La inseguridad, dicen los especialistas, ya está afectando el crecimiento económico de la nación y, en opinión de Guillermo Ortiz, el patrón del Banco de México, influye inclusive en el valor de nuestra moneda. La corrupción, por su parte, carcome todos los escalones de la vida pública, frena la actividad comercial y encarece el propio costo de los productos. Experimentamos así una perniciosa mezcla de violencia bruta y criminalidad encubierta que resta todavía más puntos a los vapuleados índices de la economía nacional. Como si no tuviéramos ya suficiente con la espesa ineptitud de nuestra clase política y las estorbosas estructuras que heredamos del nacionalismo revolucionario, ahora resulta que somos, encima, un país de ladrones, extorsionadores, asesinos y secuestradores que amenazan directamente a esa gente de bien que solamente quiere trabajar y que la dejen tranquila.

Ése, justamente, es el problema: la creciente imposibilidad de vivir tranquilamente en México, la progresiva dificultad para llevar un negocio sin padecer intimidaciones y chantajes, la pérdida —gradual y constante— de cualquier tipo de certeza para invertir, salir adelante, progresar y cumplir con las aspiraciones de mejoría. Mucha gente se lo piensa antes de comprar un coche un poco más lujoso o exhibir cualquier muestra de riqueza; el candidato al secuestro ya no es el gran empresario sino el mero dueño de un taller mecánico; el robo azota mucho más a las colonias populares que a los barrios elegantes. ¿Qué clase social está, hoy día, fuera del alcance de la delincuencia? Ninguna, aunque los más ricos puedan permitirse guardaespaldas y coches blindados. Este gasto, sin embargo, es absolutamente improductivo de la misma manera como el dinero que una familia modesta gasta en volver a comprar el televisor y todos los electrodomésticos que le han robado podría haberse utilizado para producir más riqueza en vez de usarse para resarcir —muy trabajosamente— los bienes perdidos.

El costo sumado de la corrupción y la delincuencia es inmenso. México se encuentra en una terrible encrucijada: se está precipitando a un abismo de violencia e inseguridad pero no tiene la capacidad —ni la voluntad— de detener la caída.