El gasto discrecional del gobierno de Felipe Calderón en pagos a informantes, mantenimiento de testigos protegidos, operaciones policiacas encubiertas e investigaciones de “riesgo y confidencialidad extrema” —es decir, secretas— se multiplicó en los últimos años hasta alcanzar en 2009 su máximo histórico: más de 7 mil millones de pesos.

El alud de recursos multimillonarios “confidenciales” para el combate al crimen organizado se ha sustentado, casi exclusivamente, en una superpartida de seguridad nacional creada en el sexenio de Vicente Fox, pero explotada a cabalidad durante la administración del presidente Felipe Calderón.

Una investigación de MILENIO revela que en realidad existen pocos registros al alcance del público sobre cómo se ejercen recursos que ascienden ya a cientos de millones de dólares en esta nueva caja chica de las áreas de seguridad oficiales.

Hasta ahora, basado en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia —que permite reservar datos que pongan en riesgo la seguridad nacional—, el gobierno federal erige una verdadera muralla legal en torno a los gastos con cargo a esta partida.

Distintas dependencias esgrimen que cualquier apertura ofrecería detalles sobre sus operaciones confidenciales y “pondría en riesgo” a sus funcionarios al revelar tácticas y estrategias al crimen organizado.

Clasificada oficialmente con el número 3823, bajo el título “gastos de seguridad pública y nacional”, dicha partida se convirtió en la principal herramienta financiera de las agencias de seguridad del gobierno federal para fondear con miles de millones de pesos —difíciles o casi imposibles de rastrear para el público en general— desde operativos antinarcóticos y el salario de soplones hasta investigaciones de inteligencia en rubros tan disímiles como migración, labores antisecuestros y tráfico de armas.

La partida —cuyo contenido permanece blindado— fue creada en 2003 pero se mantuvo prácticamente inutilizada durante cuatro años, hasta que inició su ascenso como principal fuente de recursos para labores de seguridad en 2007, 2008 y particularmente 2009.

Sin embargo, acorde con la Ley de Seguridad Nacional, virtualmente todos los gastos contenidos en este concepto —como pagos a narcotraficantes por información o el financiamiento de lo que podría denominarse operaciones negras— son reservados al público.

La PGR, por ejemplo, reservó varias solicitudes de información en torno a esta partida y clasificó como “confidenciales” sus gastos en recompensas por datos que lleven a la captura de narcotraficantes o delincuentes de alta peligrosidad.

La Secretaría de la Función Pública exentó a las dependencias que hagan uso de esta partida de sus obligaciones de transparencia en lo que a gastos en viáticos y viajes internacionales se refiere.

La escalada

Lo indudable es que el dinero está en cantidades nunca vistas por las áreas de seguridad del país.

Con base en solicitudes de transparencia y acceso a la información hechas por este diario, distintas dependencias del gobierno federal confirmaron que gozan de fuertes incrementos presupuestales como parte de dicha partida, reservada a tal grado que sólo los titulares de las dependencias, sus oficiales mayores y el secretario de Hacienda tienen conocimiento de las operaciones financiadas con sus recursos.

La clasificación de la partida es tan estricta que en el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que los recursos asignados bajo la partida serán “para la realización de actividades y acciones que implican invariablemente peligro, urgencia y confidencialidad extrema”.

La duda estriba en saber qué entienden las agencias de seguridad por acciones de “confidencialidad extrema”. Al respecto, comienza a haber dudas dentro de la oposición.

“Siento que es muchísimo el presupuesto que le autorizamos al gobierno para los resultados que estamos viendo”, lamentó Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. “Es un escándalo: nunca se habían dado tantos recursos para tan pocos resultados”, añadió.

Para despejar dudas y garantizar que los gastos ejercidos en la 3823 son adecuados, la Comisión de Seguridad Pública tiene previsto iniciar una serie de revisiones al presupuesto asignado a la superpartida a finales de marzo.

García Luna, a la cabeza

El uso de recursos discrecionales bajo la partida 3823 es liderado por la Secretaría de Seguridad Pública federal.

La dependencia tiene un presupuesto total de 32 mil 900 millones de pesos, de los cuales 10 por ciento pertenece al rubro reservado 3823.

En 2007, reportó cero pesos asignados a esta partida. Para 2008, la cifra ascendió a mil 152 millones de pesos y en 2009 se cuadruplicó para ubicarse en 4 mil 963 millones de pesos.

La Secretaría de Gobernación no ejerció recursos bajo este concepto en el sexenio foxista, para 2007 obtuvo 51 millones de pesos. En 2008 la dependencia, entonces encabezada por Juan Camilo Mouriño, reportó 242 millones de pesos.

En su respuesta a la solicitud 400012609, Gobernación omitió entregar la información relativa a los fondos que le fueron asignados por este concepto para 2009.

Sin embargo, el presupuesto general de la dependencia revela que recibió casi 2 mil 500 millones de pesos para “servicios de inteligencia para la seguridad nacional”, gasto que caería dentro de la tajada 3823 y que le llevaría haber multiplicado este año por 10 sus fondos reservados.

Otro beneficiado fue el Instituto Nacional de Migración, que desde 2004 a la fecha también se ha hecho fuertemente dependiente de los recursos clasificados como de “seguridad pública y nacional”, al ejercer en ese periodo 778 millones de pesos, un promedio de 155 millones de pesos por año.

Después de no utilizarla por cinco años, la Secretaría de Marina recibió en 2008 2 millones 885 mil pesos para financiar “operaciones discretas”. En 2009 se cuadruplicaron los recursos disponibles: 6 millones de pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional se sustrajo de este fenómeno casi generalizado. En su respuesta a la solicitud 0000700013109, su Oficialía Mayor indicó que no ha recibido fondos dentro de esta partida.

Fernández Noroña vuelve a las andadas

Foto: Claudia Guadarrama

Debido al dispositivo de seguridad que impuso el Estado Mayor Presidencial en la Alameda Central de la Ciudad de México, el ex vocero perredista Gerardo Fernández Noroña realizó sus “habituales” ejercicios por esa zona justo en el momento en que el presidente Felipe Calderón encabezaba la ceremonia conmemorativa del 203 aniversario del natalicio de Benito Juárez.