Los agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios del fuero común encabezan la lista de los funcionarios más denunciados penalmente… ante la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal durante el primer bimestre de 2009, incluso, por encima de los agentes judiciales y policías preventivos.

Un informe de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos señala que entre enero y febrero fueron denunciados 455 funcionarios locales por la comisión de diversos delitos —que van desde la extorsión hasta la tortura— una lista que incluye a magistrados, jueces, policías preventivos, agentes judiciales, personal de reclusorios y de las delegaciones políticas.

Sin embargo, 27 por ciento del total de las denuncias penales presentadas durante este periodo fueron contra agentes del MP y sus oficiales, por presuntos ilícitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

El abuso de autoridad se colocó en general como el delito de mayor incidencia cometido por servidores públicos, pues tan sólo de enero a febrero se interpusieron 101 querellas por este ilícito.

Las cifras contrastan con la declaración del 28 de octubre de 2008 del procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien entonces aseguró que “no vamos a permitir más abusos o lentitud en las agencias (del MP), mucho menos actos de corrupción, los que incurran en casos así serán sancionados”.

En una reunión con sus 16 fiscales y responsables de agencia del Ministerio Público de las 70 coordinaciones de seguridad pública y procuración de justicia, en esa fecha Mancera advirtió que los funcionarios que fueran denunciados por los ciudadanos por irregularidades en sus funciones serían removidos de sus cargos y suspendidos temporalmente, como parte de un “proceso de monitoreo y supervisión permanente”.

La realidad es que a cinco meses de esta “advertencia”, en el primer bimestre de 2009 han sido denunciados 124 agentes del MP y oficiales secretarios, presuntamente relacionados con diversos ilícitos.

Las denuncias contra estos funcionarios ministeriales superan las interpuestas contra 80 agentes de la Policía Judicial y 64 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Los funcionarios del Poder Judicial, en concreto jueces y magistrados locales, no están excluidos de la lista negra. En la Ciudad de México han sido denunciados por la vía penal 21 impartidores de justicia.

Este número supera inclusive a los 16 casos denunciados contra personal que labora en los reclusorios de la capital del país, considerados por las propias autoridades locales como centros de corrupción.

Durante enero y febrero también fueron denunciados 13 servidores públicos que laboran en delegaciones políticas, mientras que en el caso de otros 137 funcionarios el informe de la PGJDF no especifica su cargo.

Casos de tortura

La Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos recibió en dos meses 16 denuncias por presunta tortura, aunque el informe no precisa qué autoridades están bajo investigación.

La lista de delitos son: abuso de autoridad, negación del servicio público, cohecho, extorsión, contra la administración y procuración de justicia, amenazas, denegación o retardo de justicia, prevaricación y tortura.