No hay duda de que el Ejército mexicano cuenta ya con una estructura de inteligencia cada vez más eficaz, capaz de dar golpes cada vez más selectivos a la delincuencia.

La captura en Saltillo del peligroso delincuente Sigifredo Nájera, alias ‘El Canicón’, responsable directo de la tortura y asesinato de nueve militares el año pasado en Monterrey, así como también del atentado contra el consulado norteamericano y las instalaciones de Televisa de la misma ciudad, evidencia los avances que ha alcanzado la institución armada en labores de inteligencia contra el crimen organizado.

No hay duda de que el Ejército mexicano cuenta ya con una estructura de inteligencia cada vez más eficaz, capaz de dar golpes cada vez más selectivos a la delincuencia.

Pero la captura en Saltillo del peligroso narcotraficante puso de manifiesto que la capital del Estado se había utilizado como guarida de ‘El Canicón’, aunque no se descarta que también fuera utilizada como centro de operaciones, a la par que Monterrey.

Está por determinarse si la banda de este sujeto estuvo vinculada con las 21 narcofosas descubiertas en el municipio de Arteaga y con la desaparición de Félix Batista, el asesor cubano-norteamericano en materia de secuestros que fue levantado afuera del restaurante El Principal, de Saltillo, en diciembre pasado y de quien desde entonces nada se ha sabido.

En un hecho singular, que puso de manifiesto la relevancia que el caso tenía para el gobierno federal, fue el propio presidente Felipe Calderón quien dio la información sobre la captura de Sigifredo Nájera en el marco del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La captura de este despiadado asesino y de sus secuaces deja en claro que cuando el gobierno se lo propone logra la captura de quien le interesa.

Pero además, que de no haber sido por la institución armada la detención de ‘El Canicón’ y su banda hubiese sido punto menos que imposible dada la infiltración que del crimen organizado tienen las policías del país.

Los avances logrados en los últimos días contra la delincuencia organizada, en particular la detención de Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, hijo del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, y la aprehensión de Sigifredo Nájera, ‘El Canicón’, son hechos que dan confianza a la población pues se trata de figuras destacadas del crimen organizado.

El gobierno federal parece pues que comienza a ganar algo del enorme terreno que fue perdiendo a manos de la delincuencia. Por eso mismo es del todo improcedente los intentos de politizar la lucha contra la inseguridad pública, como lo ha pretendido hacer el presidente nacional del PAN, Germán Martínez.

Pero falta aún mucho por hacer contra el crimen organizado, en particular en materia de lavado de dinero, del apoyo político que tiene y ha tenido de parte de gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, y del intenso tráfico de armas y municiones que hay en la frontera.

Asimismo, hace falta un combate más selectivo que afecte los liderazgos y las cabezas dirigentes de las organizaciones criminales.

El Ejército ha dado muestras contundentes de que cuenta ya con un área de inteligencia lo suficientemente sólida y madura como para esperar logros concretos y específicos en esa dirección.

Pero hace falta voluntad política de más fondo para emprender un proceso de saneamiento de las instancias políticas que permitieron y han permitido el desarrollo y consolidación del crimen organizado, y ese proceso lo tienen que dar todas las fuerzas políticas de común acuerdo.

El problema es que el PAN pretende politizar la lucha contra el crimen organizado, a fin de ganar parte del terreno que ha ido perdiendo en los últimos dos años a consecuencia de la crisis económica y del brutal sentimiento de inseguridad que se tiene en el territorio nacional.

En tales circunstancias no será posible ese indispensable acuerdo político entre las principales fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, pues el gobierno calderonista ha optado por salidas inconstitucionales o francamente ilegales en temas tan diversos como la eventual extradición de la secuestradora francesa Cassez, la realización de foros para determinar el lugar de construcción de la nueva refinería de Pemex (cuando este es un asunto no sólo de orden técnico sino que de hecho ya está resuelto, pues de acuerdo a la propia paraestatal el lugar más idóneo es Tuxpan, Veracruz) y sobre todo la injerencia del gobierno de EU en Banamex.

Lo grave del caso es que sea el propio Calderón quien aliente esas salidas ilegales.

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