Sobre las violaciones sexuales, dijo que aún no terminan las investigaciones ANTONIO LÓPEZ

El gobernador Enrique Peña Nieto asumió la responsabilidad sobre la decisión de que la fuerza pública actuara en los hechos de Atenco del 3 y 4 de mayo de 2006 y aseguró que la volvería a tomar “dejando en claro que cuando se decide el uso de la fuerza pública se debe garantizar el apego a la legalidad y el respeto a las garantías individuales”.

Dijo que “se estaban agraviando derechos de terceros, se estaba violentando la paz y el orden público; se puede faltar a la preservación de garantías individuales tanto en la ejecución de un operativo, como cuando se cae en la omisión de actuar”, dijo el gobernador en entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Si hoy se presentara un hecho como el de Atenco, no sé si la policía está mejor preparada. Lo acontecido dio lecciones al gobierno del estado, a la policía para operativos futuros”.

Adelantó que en breve enviará al Congreso una iniciativa para regular la actuación de la fuerza pública.

“Cómo deben ser los protocolos de actuación de las policías para garantizar el orden público para darle al Estado el uso de esta facultad así como para garantizar el respeto a las garantías individuales”.

Agregó que el enfrentamiento de la fuerza pública y un grupo de ciudadanos deja lecciones ante las cuales la autoridad estatal tomará algunas acciones que lleven a poder normar de forma más eficaz el uso de la fuerza pública, aunque reconoció que para ello requiere la participación de los diputados.

Advirtió que es un caso cerrado en cuanto a la resolución que tuvo la SCJN, pero da al gobierno la oportunidad de emprender acciones preventivas y que en lo futuro, cuando se determine el uso de la fuerza pública, se haga con el cumplimiento cabal de la legalidad en el respeto a los derechos humanos.

Insistió en que la resolución de la SCJN establece que hubo un esclarecimiento puntual a lo acontecido, después de una investigación de más de un año que realizó y queda muy claro que el Estado actuó en uso legítimo de la fuerza pública, en forma justificada.

Reconoció que las actuaciones individuales de algunos elementos desencadenaron ejecuciones que quedaron acreditadas al operativo en general, aspectos que ya se sabían porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones que el gobierno estatal aceptó puntualmente y quedaron acreditadas como atendidas.

Respecto de la sentencia que fue imputada a los líderes de la organización, pidió que no se confundan las facultades de las autoridades, toda vez que éstas siguen un proceso y actualmente se encuentran en la apelación.

Dijo que estas penas se impusieron por otros hechos y eventos que no tenían que ver con el enfrentamiento de San Salvador Atenco, sino que son procesos a otros delitos.

Lamentó que algunos medios de comunicación hayan generado una confusión, y agregó que con la resolución de la SCJN queda a salvo una función que el Estado tiene para cuando se incumple el orden social de actuar con el uso de la fuerza pública, teniendo por delante dos premisas fundamentales: cumplir la ley y garantizar los derechos humanos.

Respecto de los casos de violación que quedan pendientes, el gobernador subrayó que hay muchos casos que siguen impunes y las investigaciones siguen, pero aseveró que no pueden evadir la ley, sobre todo cuando las autoridades no están a ciencia cierta con una determinación de quién es responsable.

“No puedes imputar responsabilidades que no queden debida y acreditadamente en la responsabilidad”.

Recordó que con las denuncias interpuestas identificaron las responsabilidades y donde hubo una clara identificación, en algunos casos se siguieron procesos penales, en otros se impusieron sanciones administrativas, y algunos más hubo suspensión de los elementos que participaban en la ASE.

Estableció que aún hay investigaciones en curso, que darán lugar a que el gobierno tome determinaciones e incluso lleve a cabo iniciativas de ley que permitan establecer una mayor regularización, protocolo a la actuación y a la atribución que el Estado deberá mantener y preservarse de hacer uso legítimo de la fuerza pública cuando se rompa con el orden social y se enfrente el presupuesto.