Ayer terminaron los debates en torno al tema Iván Carmona

Diputados federales del Estado de México discreparon sobre la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en favor del gobernador Enrique Peña Nieto. Mientras que los perredistas mexiquenses destacaron que los ministros no estuvieron a la altura de responsabilizar al mandatario estatal, diputados del PRI y del PAN señalaron que fue justa la determinación jurídica.

 Para los legisladores del PRD debe ser congruente el hecho de que se detectaron violaciones graves a los derechos humanos con la idea de exhibir los nombres de aquellos responsables en la muerte de dos personas, agresiones sexuales, lesionados y del abuso de autoridad.

“Los ministros se autocensuraron al decir que no podrían determinar responsabilidades ni señalar reparación del daño ocasionado a decenas de personas que fueron afectadas por la intervención policiaca en el municipio de San Salvador Atenco”, dijo Juan Hugo de la Rosa Martínez.

Agregó que es un gran desaliento para los pobladores de Atenco y de los ciudadanos de este país que las discusiones de la SCJN no hayan habilitado la responsabilidad de las autoridades que estuvieron a cargo del operativo y del gobernador en turno que debió estar enterado de lo que ocurría.

Dijo que se quedaron cortos los ministros en la determinación que no acredita responsabilidades políticas que podrían ayudar en un juicio político hacia Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y los principales mandos que tuvieron que ver en esta alteración del respeto a las garantías en Atenco.

 Para el legislador Francisco Santos Arreola ya no hay más que hacer después del dictamen de la corte; sin embargo, dijo que hay vías internacionales a las que se puede acudir para buscar que se respeten los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de derechos humanos.

 En otro sentido, el priista Isael Villa Villa estimó que los integrantes de la SCJN resolvieron sin miramientos políticos, ya que se señaló que sí hubo violaciones muy concretas de las garantías y hay responsables, pero que estas conductas no se pueden extender a sus gobernantes, ya que sería un error.

 En su momento, Xavier Maawad destacó que a su entender sí prevaleció una orden y una omisión en no haber detenido la violencia durante el operativo en la que sólo están involucrados mandos medios.