Con excepción del ministro Genaro Góngora, quien pidió que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, sean señalados responsables directos de las graves violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación optaron por deslindarlos de los hechos.

En la sexta sesión del pleno del máximo tribunal del país, en la que se analizaron las anomalías ocurridas durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, esta fue la tendencia del voto que será emitido este jueves por los ministros, quienes se han inclinado por responsabilizar sólo a algunos elementos policiacos, mandos y coordinadores, de las violaciones a las garantías de los pobladores.

Góngora sostuvo su postura de pedir que Peña Nieto y Medina Mora sean declarados responsables por “omisión” de los actos de violencia de la fuerza pública.

Durante su intervención consideró que el dictamen de la Corte “debe atribuir conductas específicas a quienes decidieron el uso de la fuerza pública, así como a los mandos que tuvieron a su cargo la supervisión y ejecución de los operativos.

Entre ellos citó al entonces comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Edomex, Wilfredo Robledo Madrid; al secretario de gobierno del Estado de México, Víctor Humberto Benítez Treviño, y al jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado.

Sin embargo, el resto de los ministros no apoyaron esta posición ya que 10 de ellos, con diferentes argumentos, determinaron que no hay elementos para responsabilizar a dichos funcionarios; sólo José Ramón Cossío señaló como posible responsable de los hechos a Robledo Madrid.

El resto de los integrantes del pleno se pronunció en favor de que la decisión del uso de la fuerza fue legítima y justificada, que se debe reconocer la actuación de los servidores públicos por haber autorizado el desalojo de la carretera bloqueada, liberar a los policías que estaban retenidos y por ende reestablecer el orden público.