En el caso de San Salvador Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará en el sentido de que autoridades de todos los niveles “cometieron violaciones graves a las garantías individuales” durante los disturbios ocurridos en esa población de Texcoco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.

En el segundo día de sesiones sobre el caso Atenco, diez de los 11 ministros fijaron su posición a favor del dictamen de José de Jesús Gudiño Pelayo, que establece que las fuerzas policiacas —municipales, estatales y federales— que participaron en los operativos no sólo abusaron del uso de la fuerza pública, sino también cometieron agresiones sexuales contra mujeres y violaron el derecho a la libertad, realizando detenciones arbitrarias y allanando domicilios sin órdenes judiciales.

Genaro David Góngora Pimentel calificó de un acto de venganza dichos actos de violencia, responsabilidad que va más allá de los jefes policiacos que encabezaron dichas acciones, pues hay “mandos superiores” que fueron los autores intelectuales de estos abusos, “quienes buscaron dejar un mensaje a los que retan a la autoridad, igual como lo hacían los regímenes represivos de la década de los 70”.

En lo que no hubo consenso fue en el tema referente a las muertes de los jóvenes Alexis Olín Benhumea y Javier Cortés Santiago, ya que los ministros llegaron a la conclusión de que no hay pruebas para demostrar que éstas fueron provocadas por los uniformados.

La votación se llevará a cabo después de que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo dé cuenta al pleno de las incorporaciones que le hizo al proyecto de dictamen.

Faltará determinar quiénes son las autoridades involucradas, luego de que Gudiño Pelayo puso sobre la mesa una lista con 2 mil 700 participantes en estos actos, entre ellos el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en ese tiempo titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El único que se manifestó contra el proyecto fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien cuestionó el dictamen, pues, dijo, la mayor parte se basó en información proporcionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “organismo que se dedica a recabar pruebas o evidencias, pero que no sigue los principios jurídicos de contradicción. Toma contacto con los hechos, anota lo que le place y llega a conclusiones no vinculativas”.