El PRI presentó una iniciativa para reformar la ley del Banco de México para que éste último fije las tasas de interés y para que las instituciones bancarias dejen de cobrar comisiones por la emisión o renovación de plásticos correspondientes a tarjetas de crédito, débito, nomina o monederos electrónicos.

La propuesta, además, establece como máximo 10 por ciento de un salario mínimo vigente en la capital por la expedición de copias de cheque o duplicados de estados de cuenta.

En la iniciativa, que impulsa el coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, el tricolor justifica que la reforma es para abatir los cobros excesivos en las diferentes comisiones, porque resultaron “insuficientes” los exhortos y recomendaciones a la banca.

En la exposición de motivos, el PRI admite que la iniciativa “dará lugar a fuertes resistencias por parte del sector bancario del país en la lógica de la defensa de sus intereses”.

Propone cobros de 50 por ciento de un salario mínimo diario vigente en la capital por proporcionar servicios de banca electrónica a personas físicas y morales, cargado con periodicidad mensual vencida y sin montos adicionales por pagos o transferencias efectuadas.

Por manejo de cuenta de cheques, la comisión máxima permitida será de hasta un salario mínimo vigente en la capital, con periodicidad mensual vencida, sin cargo extra por la emisión de cheques, además de que las entidades financieras podrán cobrar comisión hasta el 10 por ciento de un salario mínimo diario vigente en el DF.

Por cheque girado sin fondos: 20 por ciento del importe del cheque o dos veces el salario mínimo diario vigente en la capital, la cantidad que resulte menor.”No se cargará esta comisión por cheques presentados para su cobro en ventanilla bancaria, ni comisión alguna a quien deposite en su cuenta un cheque cuyo librador carezca de fondos para su pago.

El tricolor refiere que en nuestro país cada banco establece los montos anuales y conceptos de pago por servicios, con base en la oferta y la demanda, mientras que en países como España, Argentina o Venezuela el banco central o la autoridad financiera “ya regula lo relativo a tasas de interés, comisiones o recargos máximos y mínimos causados por operaciones”.