Mientras adentro sesionaban, unas 60 personas se manifestaban afuera. Foto: René Soto

A pesar de que está acreditado que en los operativos policiacos efectuados el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, se violaron gravemente las garantías individuales de los manifestantes, no hay pruebas de que estas acciones fueran ordenadas para dañar y vejar a los detenidos. Sin embargo, sí fueron permitidas y “alentadas” por los mandos de los uniformados, subrayó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

De entrada, cinco ministros ya fijaron su postura de avalar el dictamen.

Destacó que dichas violaciones tuvieron su origen porque ocho vendedores de flores de Texcoco no respetaron la ley, y apoyados por miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, desafiaron a la autoridad estatal, dando origen al conflicto que terminó en un desmedido uso de la fuerza pública.

Dijo que este caso reviste una gran oportunidad para que la Corte fije un criterio constitucional y se dé contenido y límites humanitarios al uso de la fuerza pública, en un país cuya historia da cuenta de que ha sido manejada, en muchos casos, arbitraria y excesivamente.

Lo anterior porque en México no hay leyes ni reglamentos que normen el uso de la fuerza por parte del Estado; no hay parámetros legales claros y expresos que orienten a los policías y a sus superiores en el cumplimiento de su deber, para cuando se encuentren en situación de usar la fuerza.

En el documento presentado se da cuenta de violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, realización de cateos sin órdenes judiciales, a la libertad personal, al derecho al trato digno de los detenidos y a la justicia.

Tras exponer su proyecto, el pleno manifestó, por unanimidad, que dicha investigación es suficiente, por lo que se analizará todo el caso y se emitirá una declaración al respecto.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia puso sobre la mesa si la Corte debía pronunciarse únicamente en torno a los sucesos del 3 y 4 de mayo de 2006, o sobre otros acontecimientos posteriores al conflicto, pero su propuesta no fue atendida en el momento, porque sus colegas se enfrascaron en otra discusión

Pero quien insistió en varias ocasiones de que debe ser el Estado el que demuestre que no incurrió en violaciones, fue el ministro Genaro Góngora Pimentel.

Los ministros Juan Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz propusieron que el dictamen no debía sujetarse sólo a las fechas que corresponde la investigación, sino también a situaciones posteriores que derivaron de ésta.

Así fue como durante cuatro horas y media (divididas entre la mañana y la tarde) los ministros comenzaron a fijar sus puntos de vista, aunque en algunas ocasiones sus posicionamientos tenían que ver con el fondo del asunto.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano dijo que “pesa mucho” que se violen las garantías individuales, pero también se preguntó cómo ocho floristas de Texcoco y no de Atenco, generaron tal situación, rebasando a la autoridad.

- Claves

Antecedentes

• El 29 de agosto de 2006, el ministro Genaro David Góngora Pimentel atendió la petición de los atenquenses para que se iniciara una investigación en torno a la intervención de la policía en el poblado mexiquense, y la puso a consideración del pleno.

• El 7 de febrero de 2007 la Corte decidió emprender la investigación, por lo que se decidió integrar una comisión investigadora para indagar los hechos. Ésta quedó integrada por los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé.